Continúa la presión del gobierno de Estados Unidos contra la administración de Claudia Sheinbaum. Ahora fue el propio presidente del vecino país, Donald Trump, quien pidió que México, y otros países que tienen el problema de grupos delincuenciales, que se pusieran a trabajar en combate de éstos, y de no hacerlo entrarían vía terrestre por los presuntos miembros de los cárteles. Algo que vino a “retumbar” la escena política en territorio mexicano, porque se trata de una advertencia subida de tono, dejando entrever incluso que ya podría estarse diseñando alguna estrategia, a pesar de que luego aquí se “quejen”, señaló el magnate. Hoy la realidad que vive el oficialismo tiene tintes de relación bilateral tensa, porque además lo de Rocha Moya parece que solo es el principio de la larga lista que ya tienen los “gringos” contra algunos otros funcionarios federales y estatales en nuestro país.
Fiscal.
Además de esta postura del “inquilino” de la Casa Blanca, también el fiscal estadounidense, Todd Blanche, aseguró que ya existen otros expedientes “abiertos” contra más políticos mexicanos, basando este argumento en la información que algunos personajes ligados al crimen organizado, detenidos en Estados Unidos, han proporcionado a las autoridades judiciales de esa nación. De concretarse esto, podríamos estar llegando a la debacle de un movimiento que llegó al poder desde hace siete años, y que aquí ha quedado de manifiesto que son prácticamente “intocables”, y que un gobierno extranjero busque llegar a tratar de poner orden, habla mal de una administración que se ha jactado de combatir a estos grupos. Si bien conocemos el actuar de nuestro vecino del norte, es claro que la información que tienen podrá ser utilizada para buscar disminuir el tráfico de drogas a su territorio, y con ello, detener a quienes están involucrados.
Presidenta.
Ayer la Presidenta, Claudia Sheinbaum, confirmó que sí se está trabajando en el combate a estos grupos, y que hay entendimiento y diálogo con Estados Unidos; el problema es que desde el punto de vista del gobierno de Donald Trump no se está haciendo lo necesario, por lo que la advertencia debe tener al gabinete de seguridad realmente valorando detener y extraditar a Rubén Rocha Moya, porque de no hacerlo podría haber consecuencias como la violación a la soberanía. De hecho, el mensaje del mandatario estadounidense no parece haber sido improvisado ni producto de un arrebato mediático, sino parte de una estrategia de presión que busca obligar al Gobierno Federal a actuar antes de que el asunto escale todavía más. Lo delicado aquí es que mientras en Washington las acusaciones y expedientes parecen avanzar a velocidad importante, en México prevalece la narrativa política y el intento de contener el daño mediático. 
Prioridades.
Resulta complicado entender cómo en medio de esta tensión diplomática, de las amenazas de intervención y de las investigaciones abiertas contra personajes de Morena, se destinan tiempos y espacios para atender asuntos como la presentación de grupos musicales en el Zócalo capitalino, buscando mantener el ánimo popular y la narrativa festiva de la Cuarta Transformación. Nadie podría cuestionar la importancia de la cultura o del entretenimiento, el problema es el momento en que esto ocurre, porque el país atraviesa quizá la crisis internacional más delicada de los últimos años en materia de seguridad y gobernabilidad. Hoy la percepción que se genera es la de un gobierno que intenta distraer la atención.
Límite.
El oficialismo mexicano se encuentra frente a un punto de quiebre que podría definir buena parte del futuro político rumbo al 2027 y al cierre del actual sexenio. Porque si las investigaciones norteamericanas continúan avanzando y aparecen más nombres de funcionarios, legisladores o gobernadores vinculados con grupos criminales, el golpe para Morena podría ser devastador, no solo en lo electoral, sino también en el discurso moral con el que llegaron al poder.
