Mientras la justicia carezca de equidad, la credibilidad de las autoridades se irá en picada; y es que luego de la orden que vino seguramente de Palacio Nacional a Morena, para iniciar un juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, todo parece indicar que será el “camino” que los legisladores emanados de ese instituto político habrán de recorrer en los próximos días. Primero para seguir desviando la atención de lo que ocurre con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y, segundo, para dejar en claro quién tiene el poder; porque se trata de un desequilibrio en materia judicial, porque mientras no se midan las cosas con la misma “vara”, quedará en evidencia que el oficialismo seguirá encubriendo a los suyos, a pesar de los señalamientos y pruebas que recaigan sobre ellos, tal cual lo confirmó Omar García Harfuch, quien puntualizó que de acuerdo a las investigaciones realizadas, no existe evidencia de ligas del sinaloense con grupos criminales; vamos, casi lo están exonerando mientras Estados Unidos insiste que es el primero de los casos.
Sin “rasero”.
El problema de este tipo de decisiones es que terminan por exhibir una narrativa selectiva, porque mientras Morena y sus aliados impulsan un juicio político contra Maru Campos, bajo el argumento de presuntas irregularidades administrativas y decisiones de gobierno cuestionables, llama poderosamente la atención el “silencio” institucional que existe en otros casos mucho más delicados, donde incluso ya hay señalamientos internacionales de por medio. Y es ahí donde la percepción ciudadana comienza a deteriorarse, porque no se trata de defender o condenar a una gobernadora panista, sino de aplicar los mismos criterios para todos, independientemente de su afiliación partidista. Si el discurso oficial insiste en combatir la corrupción y castigar abusos de poder, entonces tendría que empezar por revisar también a quienes forman parte de sus propias filas.
Encubrimiento.
El caso Rubén Rocha Moya se ha convertido en un auténtico “dolor de cabeza” para el oficialismo; a pesar de la presión internacional y de los expedientes abiertos en Estados Unidos, la postura del Gobierno Federal pareciera encaminarse más hacia la contención del daño político que hacia una investigación profunda. Las declaraciones de Omar García Harfuch, prácticamente descartando cualquier vínculo del gobernador con licencia con grupos criminales, generan más dudas que certezas, sobre todo cuando las autoridades estadounidenses insisten en sostener acusaciones que, al menos en el terreno mediático y judicial, no lucen menores. 
Mensaje.
Pero además, lo ocurrido con Maru Campos también manda un mensaje político muy claro rumbo al 2027, Morena no solo buscará mantener el control territorial, sino dejar en evidencia que utilizará todos los instrumentos institucionales posibles para debilitar a la oposición. El juicio político, independientemente de si prospera o no, tiene un fuerte componente de desgaste mediático y percepción pública, y es precisamente ahí donde el oficialismo sabe jugar, porque mientras los reflectores apuntan hacia Chihuahua, se reduce la intensidad de la conversación nacional sobre otros personajes incómodos para el movimiento. La política mexicana, históricamente, ha recurrido a este tipo de “cajas chinas”, donde un escándalo sirve para aminorar otro de mayor dimensión.
Credibilidad.
Al final, el verdadero problema para cualquier gobierno no radica únicamente en las acusaciones o señalamientos, sino en la pérdida de confianza de los ciudadanos, porque cuando la justicia se percibe parcial, deja de ser justicia y se convierte en herramienta de conveniencia. México atraviesa un momento particularmente delicado en materia de seguridad, gobernabilidad y relación bilateral con Estados Unidos, como para además enviar señales de protección selectiva o persecución dirigida; el oficialismo aún está a tiempo de demostrar que el combate a la corrupción y al crimen no distingue colores partidistas, pero mientras unos sean investigados con todo el peso institucional y otros prácticamente exonerados desde el discurso, seguirá creciendo la sensación de que en este país la justicia, simple y sencillamente, no se aplica con la misma “vara”.
