Donald Trump parece haber encontrado en México una fórmula que considera efectiva para ganar elecciones, ofrecer dinero público directamente a los ciudadanos y ligar el beneficio con el triunfo de su partido. El presidente de Estados Unidos prometió entregar cinco mil dólares a cada ciudadano adulto si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones intermedias de noviembre. La propuesta, bautizada como “Dividendo Trump”, inevitablemente recuerda la estrategia electoral que Morena ha explotado durante años en nuestro país, convertir los apoyos gubernamentales en un argumento para pedir el voto y, sobre todo, sembrar entre sus beneficiarios la idea de que su permanencia depende de que continúe gobernando el mismo partido.
Dividendo Trump.
La propuesta de Trump resulta particularmente polémica porque existe una condición política explícita, si ganan los republicanos, habrá cinco mil dólares para cada adulto estadounidense; estamos hablando de alrededor de 270 millones de personas y de una cantidad que podría superar 1.3 billones de dólares. Más allá de discutir si existen recursos suficientes, si provendrían de los aranceles como asegura el mandatario o si el Congreso terminaría autorizándolos, lo verdaderamente interesante está en el mensaje enviado al electorado, vota por mi partido y recibirás dinero. No hay demasiadas interpretaciones posibles cuando el propio presidente condiciona públicamente el llamado “Dividendo Trump” al resultado electoral.
Condición.
En nuestro país conocemos perfectamente este modelo; Morena entendió desde hace años que los programas sociales no solamente representan una política pública, sino también una extraordinaria “herramienta” de comunicación electoral. Pensiones para adultos mayores, becas, apoyos para jóvenes y distintos programas han permitido construir una relación directa entre gobierno y beneficiarios que políticamente ha resultado sumamente rentable. El cuestionamiento no debe dirigirse a la existencia de estos apoyos, muchos de ellos necesarios y justificados, sino al aprovechamiento partidista que se hace de ellos, pues en prácticamente cada proceso electoral aparece nuevamente el discurso de que, si Morena pierde el poder, llegarán otros partidos a quitar pensiones, becas y programas; así se transforma un derecho financiado con recursos públicos en una especie de concesión partidista, como si el dinero saliera de las cuentas bancarias de Morena y no de los impuestos que pagan los mexicanos. 
Derechos constitucionales.
Aquí está precisamente el punto donde Trump y Morena terminan encontrándose políticamente. Ningún presidente estadounidense pagará esos cinco mil dólares de su bolsillo, como tampoco los dirigentes o candidatos mexicanos financian personalmente los programas sociales; en ambos casos hablamos de recursos públicos, por eso resulta cuestionable utilizarlos para generar una percepción de gratitud electoral hacia determinado partido. Los programas sociales mexicanos, además, han avanzado hacia su implementación constitucional, particularmente diversos apoyos y pensiones de bienestar; esto significa que cada vez resulta más difícil sostener aquella amenaza electoral de que perderlos depende simplemente de un cambio de partido en el gobierno. Para eliminarlos o modificar derechos establecidos constitucionalmente se requieren procedimientos legislativos mucho más complejos que la simple llegada de un presidente distinto.
Ciudadanos conscientes.
Lo preocupante es que esta práctica pueda normalizarse internacionalmente, hoy Trump ofrece cinco mil dólares condicionado al triunfo republicano; mañana cualquier gobierno podría incrementar la apuesta y convertir cada elección en una competencia para determinar quién promete entregar más dinero público. En México hemos comprobado la enorme rentabilidad política de asociar programas gubernamentales con colores partidistas, pero también comienza a crecer una ciudadanía consciente de que recibir un apoyo no genera una deuda electoral. Una pensión, una beca o cualquier programa financiado por el erario pertenece al Estado, no al partido gobernante, y lo mismo tendría que entender el elector estadounidense frente a la oferta de Trump.
