- Propone GPPRI sancionar las acusaciones deliberadamente falsas y las amenazas contra maestras, maestros y personal educativo.
- La iniciativa garantiza el derecho de defensa de los docentes, sin limitar la protección de niñas, niños y adolescentes ni el derecho de las familias a denunciar.
La dignidad, el prestigio y la trayectoria profesional de las maestras y los maestros también merecen protección jurídica, afirmó la diputada Daniela Soto Hernández, al presentar una iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI para reformar el Código Penal y la Ley de Educación del Estado de Durango, con el propósito de sancionar las acusaciones deliberadamente falsas y fortalecer las garantías de los trabajadores de la educación.
“Una maestra o un maestro puede dedicar toda su vida a formar generaciones y ver afectado su prestigio por una acusación que después resulta infundada. Su trabajo, su familia y su tranquilidad merecen respeto. Defender su dignidad también es hacer justicia”, expresó.
La legisladora fue enfática al señalar que la propuesta no busca proteger a quienes incurran en violencia, acoso o abuso contra estudiantes, sino garantizar que toda denuncia sea investigada con seriedad y que ninguna persona sea considerada culpable antes de que se acredite su responsabilidad. 
Si un maestro comete un abuso —añadió— debe responder ante la ley. No estamos proponiendo privilegios ni impunidad para nadie. Pero tampoco se puede aceptar que una acusación deliberadamente falsa destruya la vida profesional de una persona inocente.
Como antecedente, Dany Soto recordó el caso del director de la Escuela Secundaria Técnica número 68, en Gómez Palacio, quien en enero de 2024 fue separado de sus funciones tras señalamientos por presunto acoso laboral y sexual. Semanas después, las autoridades educativas informaron que las investigaciones no habían encontrado elementos para sustentar las acusaciones y anunciaron su reincorporación.
Señaló que este tipo de situaciones obliga a reflexionar sobre las consecuencias que puede enfrentar un trabajador de la educación, incluso cuando un procedimiento concluye sin acreditar responsabilidad.
“¿Quién le devuelve a un maestro su prestigio, la confianza de su comunidad o la tranquilidad de su familia? Hay daños que no desaparecen con una resolución administrativa”, sostuvo.
Destacó que la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación informó en julio de este año haber dado seguimiento a por lo menos diez expedientes de presuntas acusaciones falsas contra docentes, sin que ello signifique que todos hayan sido acreditados judicialmente como denuncias falsas.
La iniciativa contempla sanciones específicas contra quienes amenacen o intimiden al personal docente, directivo y administrativo con motivo del ejercicio de sus funciones, así como contra quienes formulen acusaciones ante las autoridades a sabiendas de que los hechos son falsos.
También propone una agravante cuando una persona adulta manipule deliberadamente a niñas, niños o adolescentes para sostener una acusación que sabe falsa, protegiendo en todo momento los derechos de las personas menores de edad.
Dijo que todas y todos queremos escuelas seguras, estudiantes protegidos y maestros respetados. Defender a nuestra niñez y proteger la dignidad de quienes enseñan no son causas contrarias. Son dos responsabilidades que debemos cumplir con la misma convicción, concluyó.
