El gobierno de la 4T, ha demostrado que es igual que otros al realizar acciones de espionaje y ante las revelaciones del #EjércitoEspía, las organizaciones de la sociedad civil decide no continuar con los trabajos de Gobierno Abierto
Hace apenas unos días, el 25 de octubre el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, (NOSC) dio a conocer a través de un comunicado que rompe nuevamente con el gobierno federal ante el descubrimiento de acciones de espionaje en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos.
Es la segunda vez que sucede, en la administración de Enrique Peña Nieto, sucedió exactamente lo mismo, cuando se reveló en mayo del 2017 que el software denominado “Pegasus” había sido utilizado para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos.
Fue así como 10 organizaciones sociales abandonaron el Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto, denunciando que el gobierno en turno no había actuado en forma efectiva para investigar dichos espionajes y por consecuencia no existían las condiciones para una participación libre y segura, generando un ambiente de desconfianza y amenaza a la libertad de expresión.
A cinco años de distancia, con un gobierno federal que insiste en asegurar que “no somos iguales”, en clara referencia a los gobiernos anteriores, resulta que su actuación es igual o incluso hasta más grave porque se ha insistido desde la “mañanera” que no hay espionaje cuando la realidad es que sí existe.
Por ello a semana pasada, las organizaciones de la sociedad civil, reconocidas a nivel internacional incluso, denunciaron nuevamente la existencia de una conducta ilegal que erosiona gravemente el espacio cívico y merma la confianza para construir una agenda conjunta.
Fueron contundentes, en señalar que mientras no haya seriedad y contundencia en la resolución del espionaje ilegal en México, no se existirán condiciones de confianza mínimas para generar un contexto de Gobierno Abierto con el cual poder cocrear un siguiente Plan de Acción en nuestro país.
También dieron a conocer que se pondría en marcha los mecanismos institucionales de la Alianza para el Gobierno Abierto como la Política de Respuesta Rápida (Rapid Response Policy), al considerar que se han violado las condiciones para el diálogo, así como los valores y principios que rigen la Alianza.
Lo anterior, por supuesto deja en entredicho el papel de México, ante la comunidad internacional de la Alianza por el Gobierno Abierto, puesto que no hay condiciones para avanzar.
De nada sirve que el órgano garante nacional de Transparencia, el INAI, realice esfuerzos para que, en conjunto con la autoridad y la sociedad civil, se sigan construyendo acciones y tareas para consolidar el gobierno Abierto, si se tienen este tipo de tropiezos.
Para quienes hemos participado en la construcción de los ejercicios de Gobierno Abierto, desde diferentes ámbitos, este tipo de acciones no solo frenan los avances, sino que además generan un alto nivel de desconfianza, sin embargo, parece que al actual gobierno federal eso no le importa.
