“La corrupción también se genera por la falta de pesos y contrapesos para evitar desviaciones en los sistemas de control interno, de fiscalización y de sanciones, y la ausencia de inteligencia institucional para detectar y corregir esas prácticas sistemáticas”, Mauricio Merino, académico e investigador.
Durante todo el proceso de análisis y de elaboración de las reformas constitucionales y las leyes respectivas que integraron el Sistema Nacional Anticorrupción durante los años 2014 y 2015, hubo diversos aspectos que era necesario incluir.
En esta ocasión solamente me referiré al papel que debería jugar el organismo responsable de llevar a cabo la fiscalización de los recursos públicos, que a nivel federal es la Auditoría Superior de la Federación.
Se supone que con la reforma al artículo 79 de la Constitución política de México, en el año 2015 se le brindaron mayores facultades y competencias a la Auditoría de la Federación, con el propósito de evitar el mal manejo de los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas.
De las demandas que mayormente se escuchó en el proceso de la adecuación del marco normativo, fue sin duda, el hecho de que no se podían efectuar auditorías a las autoridades hasta en tanto terminara el ejercicio fiscal.
Con a la citada reforma del 2015 a la Constitución y la elaboración de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial el 18 de julio de 2016, se supondría que se tendrían mayores elementos para la revisión, uso y destino de los recursos públicos.
Y por consecuencia, de manera paulatina los resultados en el combate a la corrupción serían positivos.
En el caso de Durango, los legisladores en su momento tuvieron la gran oportunidad de crear una nueva legislación, sin embargo, solo modificaron la ley de Fiscalización Superior del estado de Durango publicada en el periódico oficial no 53, de fecha 30 de diciembre de 2001.
Destaco la adecuación a las facultades de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en el artículo 6 relativo a las competencias, donde claramente sí fortalecieron las acciones para revisar no solo el uso de los recursos de los periodos concluidos, sino que se podrían llevar a cabo investigaciones de ejercicio en curso.
Es positivo que hoy la legislatura revise la ley de fiscalización, pero más allá de ello, queda claro que la adecuación a una norma no es suficiente para combatir la corrupción o la falta de transparencia, ya que se requiere la actuación firme de la autoridad y en el caso de la EASE no cumplió con ello, de manera específica para detectar a tiempo el desastre financiero de la pasada administración estatal,
Se suma a lo anterior, la actitud pasiva que asumió también el congreso del estado, que, como autoridad superior de la entidad fiscalizadora, tampoco le exigió lo resultados de lo que estaba pasando.
Fue público y publicado el hecho de la falta de entrega de las participaciones federales destinadas a los municipios y que la secretaría de Finanzas del Estado no proporcionaba e incluso les quedó debiendo. Esa irregularidad debió ser motivo de investigación de la titular de la EASE, pero no fue así.
Por menos de ello, salió el anterior titular de la EASE. Así las cosas.
