Hace unos días, el congreso del Estado dio a conocer un convenio que se hizo con la FADER y CIPOL de la UJED. Este convenio por parte de la actual legislatura y la Facultad de Derecho, será sin duda, un parteaguas en el tema de la asesoría para las diputadas y diputados. Es un acierto, porque son asesores de primer nivel académico y expertos en temas como el derecho constitucional, derechos humanos y en materias que tienen que ver con la responsabilidad legislativa del congreso.
En varias ocasiones, por estar mal asesorados las y los diputados locales, muchas iniciativas se quedan en comisiones, no suben al pleno, o se archivan. Todo esto significa como en su momento lo dijo en redes sociales Enrique Benítez, que de más de cuatrocientas iniciativas solo se habían aprobado más de treinta. De ese tamaño es el actual rezago legislativo. También por diferentes motivos, para muchos conocedores de la Constitución, derechos humanos y tratados internacionales, a la hora de votar alguna iniciativa en el pleno, se ha incurrido en posibles violaciones en perjuicio de los llamados grupos vulnerables. El ejemplo más reciente, la violación del matrimonio igualitario que pasó por varias legislaturas y no se atrevieron votarlo a favor.
Estamos seguros y convencidos, de que el acuerdo recién anunciado por parte de una de las facultades más importantes de la UJED y el Congreso, se reflejará en el trabajo legislativo. Uno de los ejes de esta asesoría, requiere que lo que se apruebe en el congreso no termine en un juzgado de distrito, una sala colegiada o en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, como ha sucedido en otros Estados. Suponemos y entendemos, que la función legislativa no es nada sencilla, sin embargo, algunas y algunos legisladores cuando sea el caso, necesitan del conocimiento pleno de una iniciativa desde que llega a comisiones hasta ser llevada al pleno. Durango ya es otro, se debe de legislar como evoluciona la sociedad y el derecho, así de simple.
No podemos quedarnos rezagados, por ejemplo, como se legisla en la ciudad de México, convertida hoy por hoy, en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Pero también, donde hay jueces y magistrados que basan sus resoluciones en la Constitución, los tratados internaciones y el principio de convencionalidad. Todo esto es consecuencia de como legislan en la CDMX las y los legisladores al momento de hacer las leyes. Las diputadas y diputados, que nos representan En el congreso del Estado, tienen la obligación de hacer leyes que beneficien a la sociedad. Si se necesita reformar la Constitución local que se haga, muchos artículos de la misma carecen de leyes secundarias. Esto, por ejemplo, Enrique Benítez Ojeda, Ricardo Pacheco Rodríguez y Ricardo López Pescador lo saben de sobra.
Celebramos que la actual legislatura haya recurrido a nuestra máxima casa de estudios en busca de asesores. Y a la vez, deseamos que la FADER y CIPOL asuma con responsabilidad académica esta tarea. Que asesoren, pensando en la sociedad más que en el congreso, porque si no lo hacen serán responsables del prestigio de la UJED y en particular, de la FADER y CIPOL. No vayan a caer como dijo Octavio Paz: en las trampas de la fe. Y mucho menos, en las redes y los intereses de la partidocracia local, de donde provienen las diputadas y diputados.
