El proceso que inició el periodista Iván Soto Hernández, en contra del ex gobernador del estado, ha generado ya un precedente importante respecto a que las autoridades deben hacer valer la libertad de expresión, como un derecho fundamental de todo ciudadano que habita este país, pues en las primeras horas de ayer, el ex mandatario estatal quedó vinculado a proceso por el delito de uso ilegítimo de la fuerza pública.
La tenacidad de Iván Soto al buscar que luego de haber recibido una llamada del propio gobernador, en ese momento en funciones, tuvo eco no solo en la opinión pública a nivel nacional, sino también por parte de las autoridades, como es el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), pues luego de tres audiencias donde ambos lados aportaron las pruebas que necesarias, el juez determinó que José Rosas Aispuro Torres tendrá que iniciar un proceso en su contra por el delito ya mencionado, y será en los próximos meses que se inicie esta nueva etapa legal.
A pesar de las “marrullerías” y desatinos que la defensa del ex mandatario utilizó para desestimar la postura del periodista y la voz del propio señalado, la justicia hizo su trabajo y de entrada sí considera la posibilidad de que se incurrió en un delito. Algo que estará marcando un precedente en todo México, y seguramente ante este hecho comenzarán las denuncias del gremio periodístico en varios estados, pues ha quedado de manifiesto que atentar contra este derecho tendrá sus consecuencias.
Parte de estos argumentos del despacho contratado por el ex mandatario, señalaban que durante su administración siempre respaldó la libertad de expresión, y hasta mostraron fotografías de encuentros con el gremio, cuando la realidad fue otra, ésta solo se ejercía en el discurso.
Desde luego que en el terreno político este hecho también generará reacciones, pues de entrada, y si luego del proceso se determina su responsabilidad, Aispuro Torres no podría estar participando como aspirante a alguna candidatura en el 2024, tal como lo señaló en su visita a nuestra entidad el dirigente panista, Marko Cortés, mostrando un total desconocimiento de lo que aquí sucede, a lo que habría que añadirle que de no contar con una curul en el Congreso de la Unión, el ex gobernador no podría acceder al fuero que les concede la Ley a los legisladores, esto con la intención de que le falta responder por los señalamientos por el desfalco financiero que dejó su administración.
Acción Nacional debe analizar bien los perfiles que busquen llegar al Senado o a la Cámara de Diputados, pues lo más probable es que se mantenga la alianza con el PRI y el PRD, de tal forma que al intentar imponer candidatos con antecedentes como el del ex gobernador, todo irá en detrimento de la pérdida de curules, y volveríamos a lo que ocurrió en el 2018, cuando la mayoría fue del hoy partido en el poder, Morena. Incluso creo que los panistas deberán evitar defender lo indefendible, y confiar en que las autoridades hagan su trabajo.
Pajareando.
Morena lo vuelve a hacer en la elección de Coahuila, ahora con el Partido del Trabajo, al anunciar que dicho instituto político habrá de respaldar la aspiración del morenista Armando Guadiana; anuncio que tuvo inmediata respuesta de Ricardo Mejía Berdeja, al confirmar que “no se baja” de la candidatura y que estará en las boletas del domingo. Queda de manifiesto una vez más la serie de acuerdos que se hacen desde las “cúpulas” partidistas, por intereses de grupo en la búsqueda del poder, dejando fuera la opinión y el esfuerzo de las militancias. Y se constata que tanto el Verde como el PT siguen y seguirán siendo las “rémoras” del morenismo.
