Recientemente se aprobó en el congreso; la ley para la protección a las mujeres jefas de familia en el Estado de Durango. Dicha ley, desde octubre del 2020 la presentó la fracción parlamentaria del PAN. Esto tiene que ver sobre todo, con la marginación y vulnerabilidad del universo de la mujer en nuestro Estado. Hay que decirlo, esta ley se suma a muchas otras con la intención de dar protección a las mujeres y sobre todo, a quienes juegan el rol de padre y madre en los hogares.
Muchos factores que se suman, para que en Durango y en México, las mujeres sigan siendo victimas de un machismo histórico en lo privado y lo social. Como diría el clásico; en el tema de las mujeres hemos avanzado, pero no es la solución. Veamos algunos datos en nuestro Estado: en los últimos tiempos, la jefatura de las mujeres en los hogares de Durango, toda la carga es de ellas. El problema se agrava de acuerdo al INEGI y al CENEVAL, el 39.5% de las mujeres son jefas de familia y están consideradas como pobres. Se puede leer en los datos de la ley recién aprobada, que en 2010, 24 de cada 100 mujeres de 131 mil hogares en Durango tenían como jefa a una mujer.
El reto era en ese entonces, integrarlas a la sociedad para que recibieran el beneficio del desarrollo social. Pero como las leyes que se aprueban no se aplican, la situación de las jefas de familia en Durango, sigue sin resolverse. Los datos que nos aportan las diputadas y diputados de la actual legislatura, lastiman a una sociedad en pleno siglo XXI y crece la deuda histórica, que se tiene con las mujeres en estas condiciones. Por ejemplo, nos enteramos que el 38.7% de las jefas de familia viven en pobreza extrema y por si fuera poco, somos una entidad de alta marginación y ni siquiera tienen para adquirir la canasta básica. Ante esta situación, no se trata que las jefas de familia de Durango vivan de milagro, más bien, que vivan con dignidad.
Entendemos la voluntad y las buenas intenciones de las diputadas y diputados al aprobar esta ley, para solucionar en la actualidad el problema de 160 mil jefas de familia en nuestra entidad. Otro reto que se tiene, hacer realidad lo que establece el articulo 40 de la constitución local, el tema se acabaría con una justa distribución del ingreso y la riqueza. Otro detalle que tenemos al aprobar esta ley, son los tiempos que se tardan para dar los primeros pasos. Quedó establecido, el tiempo de un año para integrar el padrón de las jefas de familia y así, poder obtener los beneficios de dicha ley.
Para que opere en los hechos, tiene que estar contemplada en la ley de ingresos y de egresos. Lo mismo, la Secretaría de Bienestar Social del Estado, que será la encargada de atender a las 160 mil jefas de familia en su momento, lo hagan pensando en que haya piso parejo y no con otros fines, como a menudo sucede. El problema no lo son las leyes, sino que se apliquen.
