- Se busca reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango con el propósito de que los ayuntamientos puedan implementar el mecanismo de Presupuesto Participativo.
La iniciativa presentada por el Dip. Londres Botello Castro, busca establecer el Presupuesto Participativo como una de las políticas públicas de los Ayuntamientos, como un mecanismo de participación democrática de la ciudadanía, que se hace efectivo en la toma de decisiones para el destino de recursos públicos que se reserven para la obra pública en beneficio de toda la comunidad.
En diputado consideró que el Presupuesto Participativo constituye una herramienta clave que permite enlazar dos conceptos, representatividad y participación, que forman parte fundamental de un sistema democrático.
Botello Castro informó también que, actualmente, 29 de los 32 Estados de nuestro país cuentan con respaldo legal en el tema de participación ciudadana y solo 4 de éstos incluyen al Presupuesto Participativo como herramienta de participación, lo cual se presenta como un área de oportunidad para los Estados y los Municipios para involucrar más activamente a los ciudadanos, ya que esta herramienta es una forma exitosa a nivel mundial del involucramiento activo de la población en las democracias, permitiéndoles directamente la toma de decisiones, ejerciendo el presupuesto en donde consideren que es prioritario.
Por su parte, la figura denominada Consulta Popular es un derecho que tienen todos los ciudadanos, mismo que está considerado en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En relación con lo anterior, en nuestra entidad, se cuentan con mecanismos de participación ciudadana entre los cuales se encuentra la consulta popular en vinculación con la planeación gubernamental, como un derecho de los habitantes de la entidad, contemplado en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.
Es por ello, que el presupuesto participativo como una política pública de carácter vinculatorio de la democracia, mismo que se presenta como medio efectivo para reforzar y legitimar las instituciones, es una de las herramientas de democracia directa en la gestión local, que se basa en la corresponsabilidad de decisión entre los diferentes ámbitos de gobierno y la ciudadanía, al fomentar la cohesión social, identificando las necesidades generales, atendiendo la problemática comunitaria, procurando la transparencia y la rendición de cuentas, además de brindar a los ciudadanos la capacidad de decidir sobre su entorno de manera directa, lo que le añade una mayor legitimidad al actuar de la autoridad.
Dicho medio, hace partícipe a la sociedad sobre el destino de recursos públicos, permite ampliar y mejorar el Estado de derecho y el sistema democrático, además de justificar las acciones públicas a partir de la decisión compartida entre gobierno y ciudadanía.
Bajo dicha figura, se crea la oportunidad para que las obras, sean verdaderamente las prioritarias para la recuperación de espacios públicos, rehabilitación o creación de áreas verdes, infraestructura cultural, deportiva, entre otras, mismas que podrán ser seleccionadas por los mismos ciudadanos, ponderando su propia necesidad, así como el bien común.
Por todo lo anterior, Botello Castro aseguró que la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proponen a través de la presente iniciativa reformar los artículos 17 y 222, y se adiciona un artículo 20 bis, todos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, además se incorpora para el caso de la consulta ciudadana del presupuesto participativo, que se garantice la inclusión de las comunidades indígenas y los miembros de las colonias menonitas si fuere el caso, lo anterior con el propósito de que los ayuntamientos, en la ejecución de sus planes de desarrollo y dentro de sus facultades, puedan implementar el mecanismo de Presupuesto Participativo, siendo el elemento mediante el cual la toma de decisiones se construye en coordinación con la ciudadanía, para la determinación de aplicación de recursos para el desarrollo, infraestructura y obra pública, mismo que sólo podrá ejercerse por la ciudadanía dentro del periodo aplicable del citado mecanismo.
