“Los institutos dedicados a la transparencia y al acceso a la información, como órganos autónomos, son quienes desempeñan una función importante en la defensa del derecho de la ciudadanía a estar informados; no obstante, recolectar el fruto de su labor implica retos compartidos tanto de actores políticos, medios de comunicación, ciudadanos e instituciones”: Carola García Calderón, académica.
La presión y descalificación hacia los órganos constitucionales autónomos, como los encargados de defender y garantizar el derecho a la información, en la administración federal que está por concluir ha sido reiterado y permanente.
La escalada en su contra ha sido de tal magnitud, que la intención de presidente es desaparecerlos a través de una iniciativa constitucional que ya se encuentra en poder del congreso federal.
Las baterías en este momento están enfocadas por los legisladores federales y el gobierno de la Cuarta Transformación a partir de la semana pasada en el tema de la reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya intención más allá de que es urgente y necesaria la transformación del poder judicial, la pretensión es que los ministros, magistrados y jueces sean electos por “un voto popular”.
Enmarcado en ello, hace unos días nuevamente desde el ejercicio matutino diario del presidente advirtió que habría de solicitarle al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales, INAI, que le entregue la información relativa a las pensiones que perciben los ministros de la Corte ya retirados.
Sin embargo, esa postura presidencial y petición supuesta que se haría al INAI para “conocer” a cuáles ministros de la corte se les paga una pensión, está fuera de las facultades del órgano garante nacional.
Y es que el presidente lo hace con esa declaración, es presionar al INAI para que le entregue la información, cuando eso no es así.
Pareciera que hay un desconocimiento de las funciones y facultades del INAI, por eso la exigencia de la entrega de la información, ya que la función de esta institución es garantizar el derecho a la información y la protección de los datos personales.
La instancia que cuenta con la información es la misma Corte y no el INAI.
Realmente es una postura simplista la del exigir que el INAI proporcione la información, ya que de no hacerlo vendría la descalificación cuando esa no es función, pero sí se usa para presionar.
No existe explicación de que ha más de dos décadas del ejercicio del derecho a la información en México y la transparencia, desde el poder no se conozca cual es la función del órgano garante como el INAI y de los organismos locales.
Tal vez no deberíamos extrañarnos del desconocimiento, porque a la fecha aún hay quienes piensan que el INAI o el IDAIP en el caso de Durango, son quienes tienen y poseen la información de las autoridades cuando no es así.
Ante estos acontecimientos, resulta indispensable en seguir insistiendo en la defensa de los órganos autónomos como los que garantizan el derecho a la información, a fin de que no desaparezcan y sus funciones las asuma una oficina de gobierno, lo cual sería una regresión en los derechos ganados como el de la información.
