En México áreas de oportunidad en materia de aprovechamiento de la información pública en México, como el hecho que únicamente el 3.6% de la población dijo haber realizado una solicitud de información: INEGI
Desde el año 2002 cuando se aprobó la primera ley de Transparencia en México, se emprendió un proceso de preparación para que el Estado Mexicano,pudiera operacionalizar el derecho de acceso a la información y la transparencia.
De ninguna manera la aplicación de ese derecho nuevo en nuestro país no se daría por “generación espontánea”, se requería de un trabajo por parte de las autoridades denominadas “sujetos obligados”, por esa razón es que con la aprobación se dio un plazo de un año para que entrara en vigor lo que en el derecho se conoce como “vacatio legis”.
La aplicación de esta legislación no fue una tarea fácil porque implicaba que de manera paulatina se diera un cambio en la estructura de gobierno no solo para aceptar una nueva realidad de una apertura gubernamental, sino en la mentalidad de los servidores públicos que durante muchos años actuaron en el marco de la opacidad.
Para analizar los resultados de la aplicación de esta nueva legislación y ante la resistencia que generó el derecho a saber, se empezaron a registrar malas prácticas para evitar cumplir con la legislación, es ahí cuando empiezan a surgir diversas mediciones de parte de organizaciones de la sociedad civil, la academia en un primer momento.
Derivado de lo anterior se dan acciones que afectaban el ejercicio del derecho a la información como la disparidad del ejercicio de derecho a la información ya que cada entidad federativa tenía su propia legislación, la desmedida clasificación de información, la declaratoria injustificada de inexistencia de la información, la falta de sanciones por incumplimiento, entre otros.
La realización de indicadores elaborados por las organizaciones de la sociedad civil, de los académicos y de los propios comisionados de transparencia como lo fue en su momento la “Métrica de la Transparencia”, pusieron el acento en lo que se debería cambiar, lo indispensable modificar y hacia donde transitar para mejorar y fortalecer el derecho a la información y la transparencia.
Sin embargo, después de la gran reforma constitucional en la materia en el año 2014, se pensó que todo iba a funcionar correctamente para respetar el derecho a saber y prácticamente desaparecieron las mediciones.
Lo único que prevaleció hasta el 2019 fue la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) elaborada por el INEGI, la cual reveló que existían diversas áreas de oportunidad en materia de aprovechamiento de la información pública en México, como el hecho que únicamente el 3.6% de la población dijo haber realizado una solicitud de información.
Después de esa última medición, los involucrados en fortalecer el aprovechamiento de este derecho, lo dejaron a un lado, enfocando los esfuerzos solo en que la sociedad identificara ese derecho, pero no lo ejerciera.
La situación sería diferente si la sociedad mexicana, no solo conociera, lo usara,sino que también lo aprovechara y supiera que tiene una utilidad social, si eso existiera habría una defensa natural en su defensa ante la posibilidad de desaparecer a la instancia que lo garantiza, como lo pretende el actual gobierno federal.
