Las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, sí que han cimbrado la escena política en nuestro país, pues mediante una conferencia de prensa expuso algunos elementos que han puesto en “jaque” a la administración federal, encabezada por Claudia Sheinbaum, pues al declararse culpable de varios cargos que se le imputan en Estados Unidos, el hijo del “Chapo” Guzmán y su defensor, establecen que el proceso de extradición no se llevó a cabo como debería, aunado a la crítica para que nuestro país participara en la negociación para el acuerdo de culpabilidad, pues de acuerdo a lo que establece el representante legal esa es “una idea absurda”; el punto es que esto podría desencadenar una “tormenta” al interior del gobierno y del partido en el poder.
Hasta ahora, la respuesta del gobierno mexicano ha sido muy tibia, y con un rostro “desencajado”, Sheinbaum Pardo solo se limitó a asegurar, que esa postura del abogado fueron una falta de respeto a la institución presidencial, pero hasta hoy no veo una respuesta contundente, pues parte de lo que el representante legal de Ovidio establece, es que podría existir una “cargada” por parte de esta administración federal en torno a un grupo del crimen organizado, y lo que ello implicaría de comprobarse que existen políticos, la mayoría ligados al morenismo, que han mostrado ciertas alianzas, pues hasta se ha acusado el gobierno mexicano de ser un operador de “relaciones públicas”. 
Político.
El problema no es jurídico, es político. Si la defensa de Ovidio dice que hubo irregularidades, y lo dice desde cortes estadounidenses, con abogados de ese país y bajo la lupa del Departamento de Justicia, lo menos que se esperaría del gobierno mexicano es una postura firme, clara y soberana. Aunque sea para negar categóricamente, pues lo expresado por la Presidenta no sienta un precedente claro de cómo se habrá de responder, pues según la “inquilina” de Palacio Nacional, todo se verá mediante la Fiscalía General de la República (FGR), cuando en realidad me parece que deberá haber un acuerdo entre Presidentes, pues si esto continúa la ruta legal, podría tener consecuencias no muy gratas para algunos políticos.
Historia.
Y es que a través de la historia, las supuestas ligas de los presidentes de nuestro país ha sido constante, y no recae solo en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, pues el tráfico de drogas hacia Estados Unidos se realiza desde hace décadas, el asunto es que el caso de Ovidio y del propio “Mayo” Zambada son recientes y abarcan no solo la presente administración, sino también la de López Obrador, por lo que son a quienes les toca asumir una postura responsable ante lo que Ovidio pudiera declarar, pues para todos es sabido que lo más probable es que llegó a un acuerdo de cooperación con la justicia estadounidense al declararse culpable, pues anteriormente había fijado su postura de inocencia; es normal que se entienda que hay un “arreglo” legal con el gobierno del vecino país, de acuerdo a sus normas, a pesar de que se pueda evidenciar algo “obscuro” en otra nación.
Lidiar.
Claudia Sheinbaum y su administración, no solo tiene que lidiar con este asunto de Ovidio Guzmán y su abogado, también deberá atender el asunto de un nuevo arancel del 30 por ciento impuesto por Donald Trump a partir del 1 de agosto, mediante una comitiva que encabeza Marcelo Ebrard. También tendrán que lidiar con el asunto del cierre de la frontera a la exportación del ganado mexicano hacia ese país, máxime porque tras dos días de que se había registrado una apertura parcial, al detectar un caso en Veracruz, se volvió a cerrar, algo que representa pérdidas millonarias para el sector ganadero mexicano. Se le “viene la noche” a la Presidenta, y lamentablemente vemos cómo se aprecia prácticamente sola. Ojalá que su equipo, legisladores y militantes morenistas se “activen” y le ayudan en todo esto que se vendrá en los próximos días.
