El Gobierno Federal ha anunciado nuevas disposiciones para las empresas que se dedican al traslado de combustibles en el país, se trata de una medida que, aunque llega tarde para quienes hoy lloran la pérdida de sus familiares tras la tragedia en el puente Concordia, en Iztapalapa, representa un paso indispensable y necesario hacia la regulación de una industria que ha operado con muchos vacíos de seguridad. El lamentable saldo de 31 personas fallecidas es un recordatorio doloroso de que la prevención siempre es más barata y menos cruel que la improvisación o el dejar hacer; ojalá que este endurecimiento en las normas no quede en el discurso, sino que marque un antes y un después en la manera en que se manejan estos materiales altamente peligrosos.
Políticas públicas.
Es una verdadera pena que luego de sucesos de esta naturaleza se comience con políticas públicas en verdad estrictas, y no tiene nada que ver con un gobierno de un solo partido, sino de quienes han permitido que las empresas que manejan combustible no estén reguladas, o peor aún, que existan algunas que seguramente operan en la clandestinidad con el aval de alguna autoridad que nunca se ha preocupado por “meterlas en cintura”; hoy muchas familias están de luto y la mejor decisión de la administración de Claudia Sheinbaum, es la de evitar que algo así se repita porque este hecho debe ser el punto de inflexión para que nunca más la negligencia empresarial y la permisividad gubernamental se combinen con resultados tan catastróficos.
Medidas.
El anuncio del Gobierno Federal, en torno a las nuevas disposiciones, busca regular permisos, supervisar condiciones mecánicas de las unidades y garantizar que los operadores estén debidamente capacitados, además de que las unidades deberán tener un código QR para determinar todas las características de la misma, se habrá de imponer una velocidad como mínimo y contarán con GPS para facilitar su localización. Lo positivo de todo esto es que la autoridad federal finalmente se muestra dispuesta a imponer un marco normativo que evite que estas empresas funcionen al margen de reglas básicas de seguridad, y ahora será responsabilidad de éstas implementar todas estas nuevas medidas que se aplicarán mediante dos Normas Oficiales, la 006 y la 007. Incluso esto, de manera indirecta, podría llevar a las autoridades a detectar a quienes mueven gasolina de manera ilegal, como parte del “huachicol” que aún prevalece en el país. 
Prevención.
No hay política pública más efectiva que la que apuesta por la prevención; regular a las empresas de transporte de combustible no solo salvará vidas en un futuro vidas, también protegerá al medio ambiente y la infraestructura del país. Un accidente de esta naturaleza implica costos millonarios, pérdidas humanas irreparables y una herida social que tarda años en sanar. Si México quiere caminar hacia un modelo de desarrollo responsable, no puede permitir que el combustible se mueva como si fueran simples cajas de cartón, la regulación, en este sentido, no es una carga, es una obligación elemental que se deberá replicar en todos los entes gubernamentales en el ámbito de sus funciones, desde lo municipal, estatal y desde luego a nivel federal, porque todos debemos adoptar actitudes y decisiones preventivas.
Desafío.
El verdadero desafío no será anunciar las disposiciones, sino aplicarlas con rigor, ya que nuestro país está lleno de buenas intenciones en papel que nunca se traducen en realidades tangibles; si se logra supervisar de manera constante, sancionar con firmeza a los infractores y cerrar de raíz la corrupción que tanto daño hace a las normas de seguridad, podremos hablar de un avance real, de lo contrario, todo quedará en una nueva promesa vacía. Lo que sucedió hace unos días debería bastar para recordarle al gobierno, a las empresas y a la sociedad que la seguridad no admite titubeos ni retrasos.
