La discusión de la Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha reactivado, como era previsible, la confrontación política de fondo en el país, de ahí que sea el Frente Amplio Democrático quien fijó una postura clara: no se trata de una simple diferencia técnica, sino de una disputa sobre el rumbo institucional de la democracia mexicana. Desde su óptica, la reforma no fortalece el sistema electoral, sino que lo subordina aún más al poder en turno, lo que ya negó Palacio Nacional.
Para dicho Frente integrado, entre otros personajes, por Claudio X González, Denise Dresser, Francisco Labastida Ochoa y Lorenzo Cordova, advierten que uno de los principales riesgos de la propuesta presidencial, es la concentración de atribuciones en el Ejecutivo y la mayoría legislativa oficialista, pues bajo el discurso de austeridad y “simplificación”, se esconde un debilitamiento deliberado de los contrapesos electorales construidos durante décadas, tocando la estructura y autonomía del árbitro electoral.
Este movimiento ha sido enfático en señalar que la reforma no surge de un consenso amplio ni de un diagnóstico técnico plural, sino de una lógica política de control. A su juicio, el oficialismo pretende modificar las reglas desde el poder, lo que rompe con el principio básico de neutralidad que debe regir cualquier cambio electoral. En ese sentido, acusan que el proceso legislativo corre el riesgo de convertirse en un trámite y no en un verdadero debate.
Otro punto central en la postura de este Frente Amplio Democrático, es la advertencia sobre el impacto que la reforma tendría en la representación política. Sostienen que las modificaciones propuestas podrían afectar la equidad en la contienda, favorecer a las mayorías y reducir los espacios de competencia real para las fuerzas opositoras. Para el bloque opositor, una democracia sin competencia efectiva, termina siendo solo una simulación electoral.
Dicho Frente también ha buscado llevar el debate fuera del Congreso, apelando a la opinión pública y a organizaciones civiles. Su narrativa apunta a construir la idea de que la defensa del sistema electoral no es una causa partidista, sino ciudadana. En ese esfuerzo, intentan posicionarse como un dique frente a lo que consideran una regresión institucional impulsada desde el poder presidencial.
En el fondo, la postura multicitada frente a la Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum revela algo más que una oposición coyuntural. Es la confirmación de que el tema electoral, seguirá siendo el principal campo de batalla política en los próximos años. Mientras el gobierno defiende su proyecto como una modernización necesaria, el Frente Amplio apuesta a convertir la reforma en un símbolo de resistencia democrática, con la mira puesta tanto en el presente legislativo como en las futuras elecciones.
