El proyecto de Reforma Electoral que se vislumbra se presentará ante el Congreso en próximos días -02 de marzo-, busca reconfigurar profundamente las reglas de competencia política en México. El 25 de febrero, en su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum articuló un discurso que se centra en la legitimación ciudadana, eficiencia del gasto público y participación directa, pero ha generado tensiones tanto dentro de su propia coalición como con la oposición. La iniciativa plantea transformaciones sustanciales que deberán ser negociadas y debatidas en el Congreso, con un equilibrio delicado entre modernización democrática y preservación de contrapesos institucionales. Este discurso se centró en tres ejes:
1. Legitimación social del cambio: enfatizó repetidamente que la reforma electoral responde a una demanda ciudadana: “quien quiera ser representante popular debe buscar el voto” y no acomodarse en listas plurinominales asignadas por partidos. Señaló que la iniciativa es parte de un compromiso con el pueblo y no depende del apoyo total de aliados políticos, reclamando que quienes “quieran mantener privilegios” deberán explicarlo ante la ciudadanía.
2. Enfoque en eficiencia y austeridad: El discurso colocó la reducción del gasto electoral (hasta 25 %) como núcleo central —no solo por ahorro presupuestal, sino como un acto de “democracia responsable”, vinculándolo con el uso de recursos para programas sociales. 
3. Rechazo implícito a la narrativa opositora: La presidenta se adelantó a las críticas afirmando que la reforma no busca un “partido de Estado”, sino fortalecer la transparencia y participación ciudadana, lo cual es una estrategia retórica para neutralizar acusaciones de autocratización.
En síntesis, ¿Qué pretende modificar este proyecto de Reforma Electoral?
a) Reducción de costos de elecciones y de financiamiento a partidos:
o El presupuesto de comicios se reduciría un 25 %, así como el financiamiento ordinario de partidos y del Instituto Nacional Electoral (INE).
b) Plurinominales y representación proporcional:
o Se propone que todos los representantes populares vayan a elección directa, en contraste con las actuales listas plurinominales.
o Diputados: permanencia de 200 por representación proporcional, pero también sujetos a votación territorial.
o Senadores: reducción a 96 y eliminación total de plurinominales.
c) Modificación del INE:
o El INE tendría órganos temporales para organizar elecciones y consultas; se plantea reorganización de funciones y fiscalización más estricta, incluyendo fiscalización en tiempo real y restricciones de uso de efectivo.
d) Otras reformas procedimentales:
o Reducción de tiempos oficiales en radio y televisión.
o Regulación del uso de inteligencia artificial y prohibición de bots en campañas.
o Restricción al nepotismo y prohibición de reelección consecutiva a partir de 2030.
o Facilitar el voto de mexicanos en el exterior, y potencial introducción de voto electrónico.
e) Democracia participativa:
o Ampliación de mecanismos como plebiscito, referéndum y consultas a nivel estatal y municipal.
Por su parte las instituciones partidistas manifiestan diversas posturas:
– Morena: Apoya la reforma en gran medida. Enfatiza eficiencia, democracia directa y menor costo de los procesos electorales. Se percibe como una reforma que puede consolidar la hegemonía legislativa de Morena en los comicios de 2027, sin depender de alianzas tradicionales.
– Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT): Manifiestan resistencia importante, especialmente en la reducción de financiamiento, cambios en plurinominales y propuestas de fiscalización, que pueden afectar su representación y operación. Su rechazo muestra una brecha dentro de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, con tensiones internas sobre redistribución del poder dentro del bloque gobernante.
– PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano: Denuncian riesgo de concentración de poder, debilitamiento de contrapesos institucionales y reducción de pluralidad política. Señalan que recortes al INE y cambios en representación proporcional pueden erosionar la equidad del sistema.
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral, aunque no ha hecho una declaración formal unificada respecto a esta propuesta específica, expertos y consejeros electorales han señalado en el pasado que toda reforma debe proteger la autonomía e independencia institucional, evitar desmantelar capacidades técnicas y fortalecer prácticas democráticas.
No hay que desdeñar que, como toda reforma, habrá cambios significativos y, para este caso, éstos se verán reflejados en la reducción de costos electorales, ya que puede liberar recursos fiscales para diversos servicios públicos; limita la selección de representantes a ciudadanos que compitan territorialmente, reduciendo el privilegio de las listas cerradas; regulación de IA; eliminación del nepotismo y mecanismos de participación ciudadana ampliados; y potencial ampliación del voto para mexicanos en el extranjero.
Por otra parte, se perciben algunos riesgos, tales como el debilitamiento institucional, con recortes al INE y cambios en su estructura que podrían comprometer su independencia técnica y capacidad de organizar elecciones imparciales. La eliminación parcial de listas podría reducir pluralidad y visibilidad de partidos minoritarios.
Columna: Viento Favorable
Autora: Mtra. Jacquelinne Varona
X: @JackyVarona
