Cuando un organismo internacional, como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, se atreve a decir lo que en casa se evita pronunciar, el problema deja de ser solo jurídico y se convierte en una señal de alarma política y moral. Calificar las desapariciones en México como algo grave, no es una exageración retórica, es una advertencia que desnuda la incapacidad, o la falta de voluntad, del Estado para reconocer la dimensión de una tragedia que se ha normalizado peligrosamente; porque no se trata de cifras frías ni de expedientes acumulados, se trata de miles de historias rotas, de familias que viven en la incertidumbre permanente, de madres que buscan a sus hijos porque las instituciones no ofrecen respuestas, y lo más grave, se trata de un país que, en lugar de enfrentar la realidad, prefiere discutir la narrativa.
Derechos Humanos.
Desde la llegada de la actual titular de Derechos Humanos a nivel nacional, Rosario Piedra Ibarra, el discurso ha transitado más hacia la defensa del gobierno que hacia la defensa de las víctimas, porque la autonomía, que debería ser la piedra angular de cualquier organismo de este tipo, ha quedado diluida en una narrativa que coincide sospechosamente con la de Palacio Nacional. No se trata de un asunto menor, cuando la institución encargada de señalar abusos se convierte en un “instrumento” que los matiza o los justifica, se rompe el equilibrio democrático; la negación del problema, o su minimización, no solo deslegitima a la autoridad moral del organismo, sino que también envía un mensaje claro a las víctimas, están solas.
Presión.
Cuando el Estado no reconoce, otros, desde el exterior, lo hacen; y es que esta resolución de un organismo internacional no surge de la nada, sino de la acumulación de evidencias, testimonios y omisiones, y es, además, el reflejo de una comunidad internacional que observa con preocupación cómo un fenómeno persistente no encuentra respuesta institucional adecuada; y aunque desde el gobierno se intente desacreditar estas posturas bajo el argumento de que son posturas erróneas o sesgadas, lo cierto es que la presión externa crece cuando la respuesta interna es insuficiente. El problema no es que nos señalen desde fuera; el problema es haber llegado a un punto en el que ese señalamiento es inevitable. 
Cifras maquilladas.
En México, los números suelen ser el “campo de batalla” de la narrativa desde Palacio Nacional, pues se ajustan, se reinterpretan, se presentan bajo criterios que favorecen el discurso oficial, pero las cifras “maquilladas” no borran la realidad, apenas la disfrazan, porque atrás de cada número hay una persona desaparecida, una familia que no encuentra respuestas, una carpeta de investigación que no avanza. Cuando las estadísticas dejan de ser un instrumento de diagnóstico para convertirse en una herramienta de propaganda, el problema se agrava, porque entonces no solo se oculta la magnitud de la crisis, sino que se inhibe la posibilidad de diseñar políticas públicas eficaces; de hecho, la verdad estadística siempre es incómoda, pero necesaria; sin ella, cualquier estrategia es una simulación.
Testigos.
Las desapariciones no son un hecho aislado, son un fenómeno social que se expande y contamina otros ámbitos, la seguridad, la justicia, la economía y la cohesión social, y si organismos que, se supone, son “autónomos” como la Comisión Nacional de Derechos Humanos no hace nada al respecto, serán siempre solo testigos de lo que ocurre frente a ellos, porque no se trata de una ideología partidista o de un movimiento quien se supone debe defendernos, sino de un organismo que actúe sin una “venda” en los ojos, porque su función es proteger a la sociedad en su conjunto, y no solo el discurso de que “todo está bien”, porque hemos llegado al punto que refleja lo que se dice desde Palacio Nacional, “México está de moda”, pero no lo es en un sentido positivo, estamos de “moda” porque las desapariciones nos han puesto en ese escenario.
