La acusación contra el gobernador de Sinaloa no es solo un escándalo político. Es el retrato de una clase dirigente que pactó con el crimen organizado mientras la República miraba hacia otro lado.
Hay momentos en que la realidad supera con creces la peor ficción política. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó ante la jueza federal Katherine Polk Failla una acusación que sacudió los cimientos de la política mexicana: el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a nueve funcionarios y exfuncionarios del estado —entre ellos un senador en funciones, un exsecretario de Finanzas, un vicefiscal y el propio alcalde de Culiacán—, enfrentan cargos por conspiración para importar fentanilo, heroína y cocaína hacia Estados Unidos, y por proteger a sangre fría a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos. La pregunta que México se niega a responder en voz alta es la más incómoda de todas: ¿cómo llegamos hasta aquí?
LOS ACUSADOS: UN MAPA DEL PODER SINALOENSE 
• Rubén Rocha Moya — Gobernador con licencia de Sinaloa.
• Enrique Inzunza Cázarez — Senador de la República en funciones
• Enrique Díaz Vega — Exsecretario de Finanzas
• Dámaso Castro Zaavedra — Exvicefiscal del estado
• Marco Antonio Almanza Avilés — Exjefe de la Policía de Investigación
• Alberto Jorge Contreras Núñez — Exjefe de la Policía de Investigación
• Gerardo Mérida Sánchez — Exsecretario de Seguridad
• José Antonio Dionisio Hipólito — Exsubdirector policial
• Juan de Dios Gámez Mendívil — Alcalde de Culiacán
• Juan Valenzuela Millán — Excomandante municipal.
Lo que revelan los documentos judiciales no es la historia de un político que sucumbió a la tentación del dinero fácil. Es algo mucho más sistemático y aterrador: la descripción de un gobierno estatal que funcionó, de manera deliberada y estructurada, como brazo protector del crimen organizado. Según la acusación formal, Rocha Moya habría recibido sobornos del cártel desde su campaña electoral de 2021, permitiendo que Los Chapitos operaran con impunidad en toda la región. El senador Inzunza Cázarez se habría reunido directamente con líderes de la organización para “acordar planes de apoyo”. Los jefes policiales recibían pagos mensuales a cambio de proteger a miembros del cártel y ordenar su liberación cuando eran detenidos. No se trata de complicidades individuales: se trata de una cadena de mando corrupta, tejida desde las cúpulas del poder hasta los cuarteles operativos.
El rastro no es nuevo. Desde agosto de 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido en circunstancias todavía turbias, el nombre de Rocha Moya comenzó a aparecer en los márgenes del expediente. Zambada alegó haber sido trasladado a una reunión con el gobernador y con el entonces rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado ese mismo día. Más tarde surgirían grabaciones que, según fuentes consultadas, mostraban un pacto entre Rocha Moya y Los Chapitos para facilitar la entrega del propio Mayo. Si estas piezas encajan —y el Grand Jury de Nueva York creyó que sí—, estamos ante algo sin precedente en la historia política reciente de México: un gobernador que no solo toleró al narco, sino que lo instrumentalizó como herramienta de poder.
“No se trata de complicidades individuales: se trata de una cadena de mando corrupta, tejida desde las cúpulas del poder hasta los cuarteles operativos.”
La reacción del gobierno federal ante la acusación estadounidense merece una lectura crítica, sin caer ni en el nacionalismo fácil ni en la capitulación acrítica. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que México exigirá pruebas fehacientes antes de proceder, argumentando que cualquier ciudadano mexicano —sea o no funcionario— tiene derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Esa postura tiene sustento jurídico: el Artículo 3 del Tratado de Extradición bilateral de 1980 establece que la extradición solo procede si las pruebas son suficientes conforme a las leyes mexicanas, y la FGR señaló que los documentos iniciales enviados por Washington no contenían evidencia material suficiente para vincular a proceso a nadie bajo el sistema penal acusatorio.
Hasta aquí, el argumento es legítimo. El problema comienza cuando la retórica de la soberanía se convierte en un escudo para la inacción. Que la FGR afirme que “no identificó condiciones para ejecutar una detención provisional” mientras el despacho León Barrena Rodríguez & Partners acusa a México de violar el propio tratado al exigir estándares no contemplados en el Artículo 11 —que regula la detención provisional— no es un debate jurídico menor. Es una señal de que el gobierno federal está caminando en una cuerda floja entre la defensa del debido proceso y la protección política de un aliado. El hecho de que Morena cerrara filas en torno a Rocha Moya desde 2024, con gobernadores y dirigentes aplaudiendo al mandatario sinaloense, agrega una capa de opacidad a toda la respuesta institucional que ninguna invocación de la soberanía puede disipar.
“La retórica de la soberanía es legítima. El problema comienza cuando se convierte en escudo para la inacción.”
Tampoco conviene leer el caso Rocha Moya como un acto altruista de la justicia norteamericana. El fiscal Jay Clayton y el director de la DEA Terrance C. Cole presentaron la acusación en un momento de alta tensión entre Washington y Ciudad de México, con legisladores republicanos que ya comparaban al gobernador sinaloense con Nicolás Maduro y advertían que “esto es solo el comienzo”. La instrumentalización política del expediente por parte de actores estadounidenses es evidente y debe nombrarse: una cosa es la persecución del narcotráfico y otra muy distinta usar cargos penales como palanca de presión geopolítica.
El hecho de que Estados Unidos haya enviado una solicitud de detención provisional —y no una extradición formal con expediente completo— abre preguntas legítimas sobre la solidez probatoria del caso en esta etapa. Como señalaron especialistas en derecho internacional, existe una discrepancia importante entre el discurso político norteamericano y los mecanismos reales del tratado bilateral. México tiene todo el derecho de exigir que se cumplan los procedimientos establecidos. Lo que no tiene es el derecho a usar ese exigencia como pretexto para no investigar. Y ahí reside la contradicción más dolorosa del gobierno de Sheinbaum: si realmente cree en la soberanía y el estado de derecho, la investigación a fondo de Rocha Moya por parte de la FGR no debería ser una condición impuesta desde afuera, sino una obligación que brota desde adentro.
Más allá de los tecnicismos jurídicos y las escaramuzas diplomáticas, el caso Rocha Moya desnuda una realidad que México lleva décadas evitando confrontar con honestidad: la captura del Estado por el crimen organizado no es una excepción ni un accidente. Es, en demasiados rincones del país, el modo de operación normal. Que un gobernador pueda presuntamente acordar con un cártel desde su campaña electoral, nombrar a funcionarios policiales en nómina del narco, participar en la entrega de un capo y gobernar seis años sin que la maquinaria institucional mexicana genere siquiera una investigación formal es un fracaso del sistema que ningún partido político puede atribuirle exclusivamente a sus adversarios. Morena no inventó la corrupción en México. Pero llegó al poder prometiendo extirparla, y el caso Rocha Moya es, también, la historia de esa promesa incumplida.
El ataque a balazos contra la vivienda del gobernador en Culiacán el 9 de mayo —a diez días de conocerse la acusación formal— es un recordatorio brutal de que en Sinaloa las reglas del juego siguen siendo las del cártel. El Estado, si acaso existe ahí, existe de forma subordinada. Y esa subordinación, según el expediente del DOJ, no fue solo tolerada sino activamente administrada por quienes debían combatirla.
“La captura del Estado por el crimen organizado no es una excepción ni un accidente. Es, en demasiados rincones del país, el modo de operación normal.”
V. La pregunta que define el sexenio
El caso Rocha Moya no terminará pronto. El expediente sigue abierto en Nueva York. La FGR ha iniciado investigaciones propias, aunque con una opacidad que genera más dudas que confianza. Estados Unidos no ha renunciado a buscar la extradición. Y Sinaloa, mientras tanto, sigue siendo un territorio donde los gobernantes piden licencia y los narcos no necesitan pedirla.
Lo que está en juego no es solo el destino de un político de 76 años que niega las acusaciones desde el asiento trasero de su automóvil. Lo que está en juego es si México tiene la voluntad —no la capacidad retórica, sino la voluntad real— de investigar y sancionar a quienes traicionaron el mandato más elemental de la función pública: proteger a los ciudadanos, no a los carteles. La presidenta Sheinbaum dijo que el caso de Rocha Moya “definirá el actuar de su gobierno frente a la corrupción”. Tiene razón. Y precisamente por eso, cada día que pasa sin una investigación transparente, rigurosa e independiente es un día en que esa definición se escribe sola, con la tinta de la omisión.
Nota : El principio de presunción de inocencia aplica hasta que exista sentencia firme.
