La censura indirecta, el descrédito sistemático y el cuestionamiento permanente de toda crítica se han convertido en piezas clave del engranaje propagandístico del régimen morenista: Carlos R. Menéndez Losa
Hace unos días sesionó el Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el motivo revisar y aprobar el acuerdo de reserva por 5 años de toda la información relativa a la documentación de la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, INE.
El propósito de la desaparición de los órganos garantes por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, por supuesto que nunca fue el ahorro de recursos, el fin principal fue desaparecer a los organismos incómodos para el poder y que constituyeron un contrapeso, aunque digan lo contrario. 
No hay que ser tan inteligentes para saber que esa fue la verdadera intención, el tiempo está dando la razón a todos los que hemos creído en el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, ya que las muestras de la opacidad están a la vista lo que ha derivado en serios problemas de corrupción que están saltando a la luz a pesar de la falta de transparencia.
El 22 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la designación de Arturo Chávez, Blanca Cruz y Frida Gómez como nuevas consejerías del INE por el periodo 2026-2035, lo que derivó en una serie de cuestionamientos de diversos grupos de expertos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, ante la falta de claridad en la elección de esos personajes, todos afines a la 4T.
Sin ningún tapujo, los diputados de Morena, el Verde y el PT, recurrieron al camino más fácil para no dar información, “reservarla” a través del comité de Transparencia
La reserva incluye la documentación generada, emitida, recibida, integrada o resguardada por la Cámara de Diputados y el Comité Técnico de Evaluación.
Durante el proceso de elección, el Comité no difundió documentos como el curriculum ni los ensayos presentados por los aspirantes, mismos que fueron tomados en cuenta para avanzar a las siguientes etapas.
Un proceso totalmente desaseado en la cámara de Diputados, y a pesar de que las obligaciones de transparencia señaladas en la Ley general en el artículo 65 señala en la fracción XII que se deben dar a conocer: Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos, en los sistemas habilitados para ello, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables”, claro que no se divulgó nada de eso.
Aunado a lo anterior la misma Ley general de Transparencia en el artículo 68 en las obligaciones específicas de transparencia señala que el poder Legislativo debe dar a conocer en la fracción XI: “Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro”.
Lo que se tendría que hacer es revisar los términos del acuerdo de reserva ya que se debe cumplir con un principio clave que es la “prueba de daño”, señalada en el artículo 113 de la misma ley de Transparencia que señala: “Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño.”
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