Hace unos días el Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó el registro de dos nuevos partidos político en México, el Partido “Somos MX” y el “PAZ”, que proviene de lo que era Encuentro Solidario. Si bien las leyes electorales permiten esta posibilidad, y salvaguardan los derechos de los ciudadanos para organizarse a través de este tipo de organizaciones, la realidad es que en nuestro país el pluripartidismo está acabando con la democracia. Me parece que por el contrario, se necesitan menos instituto políticos, simple y sencillamente porque existe un desencanto social hacia éstos y hacia las elecciones de toda índole, y eso queda de manifiesto en la poca participación en las urnas. La clase política está más que desprestigiada, y si a eso le añadimos que estos nuevos partidos están conformados por perfiles que ya son conocidos al provenir de otros, no le añade nada nuevo, es decir, no son rostros “frescos” los que veremos en las boletas el próximo año. De hecho me parece que estarán destinados a perder el registro casi de forma inmediata, justo porque no ofrecen un equilibrio o alternativa sólida que les permita tener credibilidad social.
Camiseta.
Durante años se ha sostenido el argumento de que una mayor cantidad de partidos fortalece el pluralismo y amplía las opciones para el electorado; sin embargo, la experiencia mexicana demuestra exactamente lo contrario, y cada proceso electoral confirma que la confianza ciudadana continúa deteriorándose, mientras la abstención sigue siendo uno de los principales retos del sistema democrático. La gente ya no distingue diferencias ideológicas entre muchas de estas fuerzas políticas, pues sus dirigentes cambian de “camiseta” con enorme facilidad. Lo que antes representaban proyectos distintos, hoy parecen simples “franquicias” electorales cuyo objetivo principal es acceder al financiamiento público, dejando en segundo plano la construcción de propuestas que realmente atiendan las necesidades de la población.
Reacomodo.
Otro aspecto preocupante es que los nuevos partidos difícilmente representan una verdadera renovación. Basta revisar quiénes integran sus dirigencias y quiénes encabezan sus estructuras para encontrar personajes que durante años militaron en otras fuerzas políticas. Cambian los colores, los logotipos y los discursos, pero los protagonistas siguen siendo prácticamente los mismos. Eso provoca que la ciudadanía perciba que únicamente se reciclan liderazgos que ya tuvieron oportunidades para demostrar resultados. Si el propósito era ofrecer una opción distinta, el mensaje termina siendo contradictorio. La democracia necesita competencia de ideas, perfiles preparados y liderazgos con credibilidad, no simplemente el reacomodo de actores políticos que buscan mantenerse vigentes mediante nuevas siglas. 
Dinero.
No debe perderse de vista el impacto económico que implica el registro de nuevos partidos. Una vez que obtienen reconocimiento nacional, acceden a recursos públicos para su operación, actividades ordinarias y campañas electorales. En un país donde existen enormes necesidades en salud, educación, seguridad e infraestructura, resulta válido preguntarse si destinar millones de pesos adicionales al sostenimiento de más partidos realmente beneficia a la sociedad. La discusión no debe centrarse en limitar derechos políticos, sino en evaluar si el modelo vigente continúa siendo funcional. Quizá ha llegado el momento de revisar los requisitos para conservar el registro y elevar las exigencias de representatividad, evitando que los partidos sobrevivan únicamente gracias al presupuesto público.
Instituciones.
México necesita una discusión seria sobre el futuro de su sistema de partidos. No se trata de cancelar la pluralidad ni de cerrar espacios a nuevas expresiones políticas, sino de construir instituciones que realmente representen a la ciudadanía y recuperen la confianza perdida. Una reforma que reduzca incentivos para crear partidos sin respaldo social, fortalezca la rendición de cuentas y obligue a las fuerzas políticas a mantener una auténtica vinculación con los ciudadanos podría contribuir mucho más al fortalecimiento democrático que simplemente autorizar nuevos registros.
