El Gobierno Federal convirtió lo que presumía como uno de sus mayores golpes contra el robo y contrabando de combustibles en un serio problema de credibilidad. El anuncio de más de 59 millones de litros de hidrocarburos asegurados en Guanajuato fue presentado inicialmente como una acción de enorme dimensión contra el llamado huachicol; sin embargo, con el paso de los días comenzaron a aparecer inconsistencias. La propia Fiscalía General de la República (FGR), tuvo que atraer la investigación para revisar documentación, propiedad y trazabilidad del combustible; y Omar García Harfuch terminó reconociendo algo elemental, se informó sin haber verificado absolutamente todo. Ahí está precisamente el problema; cuando un gobierno presume un “megadecomiso”, tiene la obligación de asegurarse primero de que realmente lo sea.
Prudencia.
La historia resulta preocupante por una razón muy sencilla, parece que se invirtió el orden de las cosas, pues primero se comunicó un “golpe espectacular” y después comenzaron las verificaciones necesarias para saber exactamente qué se había encontrado. La FGR informó originalmente del hallazgo de más de 59 millones de litros cuyo origen no había sido acreditado; posteriormente, ante las dudas y la documentación presentada alrededor de la terminal de almacenamiento. El combustible está distribuido entre gasolina regular, premium y diésel, y las investigaciones continúan para determinar su propiedad, origen y trazabilidad financiera y fiscal. Nadie puede exigirle a una autoridad que tenga resuelta una investigación desde el primer día; lo que sí se le puede exigir es prudencia antes de presentar públicamente una investigación en proceso como si sus conclusiones estuvieran prácticamente escritas. 
Consecuencia.
La consecuencia inmediata fue la destitución del delegado de la FGR en Guanajuato. García Harfuch confirmó que la propia dependencia encontró anomalías en el operativo y señaló que éste había ocurrido semanas antes de hacerse público, además de reconocer que se informó sin verificar completamente la información. Pero entonces aparece una pregunta inevitable, ¿la responsabilidad termina en el delegado estatal? Porque un anuncio de semejante magnitud trascendió inmediatamente al ámbito nacional y fue asumido como uno de los grandes “golpes” contra el huachicol. Si existieron fallas en la revisión de la información, resulta válido cuestionar hasta dónde llega la cadena de responsabilidades, porque destituir al funcionario de menor rango involucrado puede ser administrativamente explicable, pero políticamente deja la impresión de que, otra vez, el “hilo” se rompió por lo más delgado.
Responsabilidades institucionales.
La FGR está encabezada por Ernestina Godoy, y alrededor de esta polémica incluso circularon versiones sobre una posible salida de la fiscal general. Pero más allá de rumores, lo importante es establecer responsabilidades institucionales, porque un asunto de 59 millones de litros no puede manejarse como una cifra cualquiera.; estamos hablando de un volumen que convirtió automáticamente el operativo en noticia nacional y que fortalecía el discurso gubernamental sobre el combate al robo y contrabando de hidrocarburos. Precisamente por eso debieron existir filtros suficientes antes de comunicarlo; si la investigación determina finalmente irregularidades en una parte o en la totalidad del combustible, deberá procederse conforme a derecho; pero eso no borrará el error original, presumir resultados antes de tener completamente sustentada la información.
Costos.
Este episodio debería servir como advertencia para el Gobierno Federal, pues en materia de seguridad, las cifras espectaculares generan titulares, pero también enormes costos cuando después tienen que ser matizadas. El combate al huachicol es demasiado importante para convertirlo en una competencia de anuncios. Las autoridades necesitan investigaciones sólidas, expedientes sustentados y resultados capaces de resistir cualquier revisión jurídica; si finalmente se acredita alguna conducta ilícita, tendrá que informarse con la misma claridad; y si se demuestra la legalidad de parte del combustible, también; lo que no debería repetirse es anunciar primero y comprobar después.
