Hay ocasiones en que ganar una batalla puede convertirse en una derrota política. Algo de eso está ocurriendo con MORENA después de acudir al Instituto Nacional Electoral para denunciar al PRI por utilizar expresiones como “narcopartido”, “narcogobierno”, “narcoestado” y “Cártel de MORENA”. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar publicaciones en las que se vinculaba a MORENA con el crimen organizado, al considerar que esas expresiones podían constituir imputaciones de hechos o delitos falsos al no existir una sentencia o fundamento jurídico que las acreditara. El PRI calificó la medida como censura e intimidación política y anunció que la impugnará ante el Tribunal Electoral.
Jurídicamente, el asunto tendrá que resolverse en las instancias correspondientes. Pero en el entorno mediático y político, la pregunta es otra: ¿realmente necesitaba MORENA que el INE saliera en su defensa? Es indudable que un porcentaje importante de la clase política mexicana, independientemente del partido al que pertenezca, ha sido vulnerado, infiltrado o relacionado con el crimen organizado. O por lo menos esa es la percepción casi generalizada entre la ciudadanía. Todos los partidos tienen, o han tenido, personajes cuestionados por este tipo de vínculos. Pero de ahí a afirmar que un instituto político entero es un “narcopartido”, o que un gobierno en su conjunto es un “narcogobierno”, existe una enorme diferencia.
Ni siquiera sería correcto hacer esa generalización con el gobierno de Felipe Calderón, aunque su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, haya sido condenado en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa. El caso deja abierta la pregunta de hasta dónde llegaba el conocimiento de quienes estaban por encima de él, muchos pensamos que hasta el propio presidente, pero eso no permite convertir automáticamente a todo un gobierno en una organización criminal. La responsabilidad penal de un funcionario no convierte por sí misma a todo un partido o a toda una administración en una estructura del narcotráfico. 
Por eso resulta discutible la estrategia de MORENA. Si considera falsa la acusación, ¿no habría sido más contundente responder al PRI con argumentos, investigaciones, datos y evidencias? ¿No habría sido mejor desmontar públicamente las acusaciones de Alejandro Moreno en lugar de acudir a la autoridad electoral para pedir que las retire? La pregunta cobra mayor fuerza cuando se recuerda la historia política del propio movimiento.
Andrés Manuel López Obrador convirtió expresiones como “la mafia del poder” y “PRIAN” en auténticas etiquetas políticas. Sus adversarios podían molestarse, cuestionarlas o responderlas, pero difícilmente consiguieron eliminarlas del lenguaje político. Algo parecido ocurrió con “ya sabes quién”: cuando las restricciones electorales impedían utilizar directamente su nombre en determinados mensajes, AMLO encontró esa fórmula para referirse a él sin mencionarlo. La expresión terminó identificándolo todavía más. López Obrador entendió que una prohibición podía convertirse en propaganda.
MORENA pudo hacer lo mismo con “narcopartido”. Si considera falsa la acusación, pudo exigir pruebas, presentar las suyas, separar responsabilidades individuales y demostrar con hechos que el señalamiento carece de sustento. Incluso pudo recordar que existen numerosos casos de políticos de origen priista vinculados o señalados por sus relaciones con el narcotráfico, como Tomás Yarrington, Mario Villanueva Madrid, Roberto Sandoval Castañeda o Eugenio Hernández Flores, entre muchos otros. Con ello habría podido sostener un argumento mucho más sólido: la infiltración del crimen organizado en la política existe y ha alcanzado a distintos partidos, pero los casos individuales no convierten automáticamente a todo un instituto político en un “narcopartido”. En cambio, MORENA acudió al árbitro electoral para que retirara las palabras. Puede tener razones jurídicas para hacerlo, pero políticamente el mensaje resulta menos contundente: en lugar de derrotar el argumento del adversario, buscó que dejaran de utilizarlo.
Y hay La resolución del INE podrá retirar determinadas publicaciones, pero no puede retirar una palabra de la conversación pública. MORENA puede tener razones jurídicas para acudir al árbitro electoral, pero políticamente corre el riesgo de haber conseguido exactamente lo contrario de lo que buscaba: que el señalamiento tenga todavía más visibilidad. En política, no siempre conviene pedir que alguien más te defienda de un ataque; a veces es mejor enfrentarlo, desmontarlo y convertirlo en una oportunidad para exhibir las contradicciones del adversario.
Porque al final queda una imagen poco conveniente: MORENA puede terminar pareciendo el niño chismoso de la escuela, el chivato que corre con el maestro para que regañen al compañero que lo está molestando. Y en política, proyectarse como quien necesita que una autoridad lo proteja de las palabras del adversario no necesariamente transmite fortaleza. Si la acusación de “narcopartido” es falsa, la respuesta más contundente no es conseguir que la borren, sino demostrar por qué es falsa. Porque una palabra puede ser retirada de una publicación, pero difícilmente se puede retirar de la cabeza de quienes ya la escucharon. Y, a veces, intentar callar un insulto termina convirtiéndolo en consigna.
