En la política mexicana parece que, cuando el presente comienza a incomodar, siempre queda el recurso de “desempolvar” el pasado. Ahora resulta que Ariadna Montiel pretende impulsar una comisión de diputados para investigar el supuesto fraude electoral de 2006 contra Andrés Manuel López Obrador; sí, aquella elección que terminó con el triunfo de Felipe Calderón y que, dos décadas después, sigue siendo utilizada como “bandera” política. No se trata de negar el derecho a revisar la historia, sino de cuestionar las prioridades de quienes hoy tienen el poder, porque mientras México enfrenta problemas de seguridad, corrupción e impunidad, algunos prefieren organizar una expedición legislativa al pasado, y lo verdaderamente curioso es que semejante “ocurrencia” podría terminar exhibiendo más contradicciones dentro de Morena que respuestas sobre aquella elección presidencial.
Neomorenistas.
Si realmente quieren investigar lo ocurrido en 2006, deberían comenzar revisando quiénes integraban entonces las fuerzas políticas que hoy confluyen en Morena, pues muchos personajes del oficialismo militaron en el PRI, otros estuvieron en el PAN y varios más pertenecían al PRD, partido que postuló a López Obrador. Algunos incluso defendieron posiciones completamente distintas a las que sostienen actualmente, ¿también serán llamados a explicar sus actuaciones? Porque sería una enorme incongruencia que quienes cambiaron de camiseta pretendieran presentarse como “jueces” de una historia que ya se contó y donde participaron desde distintas trincheras. El problema no es haber cambiado de partido, sino querer borrar el pasado propio mientras se utiliza el ajeno como instrumento de condena política.
Escándalos actuales.
Pero si de crear comisiones investigadoras se trata, Morena tiene bastante trabajo pendiente dentro de su propia casa, por ejemplo por qué no impulsar una para esclarecer los señalamientos alrededor del gobernador Rubén Rocha Moya y la crisis de seguridad en Sinaloa, o para revisar las controversias que involucran a Andy López Beltrán, Adán Augusto López y los negocios atribuidos a Amílcar Olán; también está el caso de Guadalupe Taddei y las presuntas irregularidades administrativas en el INE. Todos son asuntos que merecen investigaciones serias, sin prejuzgar responsabilidades; sin embargo, resulta llamativo que el entusiasmo por conocer la verdad aparezca cuando los señalados pertenecen a gobiernos anteriores, mientras los cuestionamientos que alcanzan al oficialismo parecen despertar mucho menos interés. La transparencia no debería depender de la militancia de los involucrados. 
20 años después.
Lo verdaderamente gracioso es que esta propuesta aparezca cuando han transcurrido más de veinte años de aquella elección. Montiel argumenta que las recientes declaraciones de Vicente Fox justifican reabrir el expediente, aunque reconoce que los plazos legales electorales ya transcurrieron. Conviene recordar que el Tribunal Electoral examinó entonces la intervención presidencial y no la consideró determinante para modificar el resultado; eso no impide discutir históricamente lo sucedido, pero tampoco convierte automáticamente una acusación política en fraude demostrado; ahora, se busca cambiar el resultado, reivindicar nuevamente a López Obrador o simplemente mantener vigente una confrontación que electoralmente le ha resultado rentable. Porque mientras buscan respuestas sobre una elección celebrada hace dos décadas, los problemas actuales siguen esperando soluciones concretas y responsables.
Contradicción.
Al final, las ocurrencias de Ariadna Montiel retratan una contradicción del oficialismo, exigir cuentas por el pasado mientras evita promover ejercicios equivalentes sobre sus propias controversias. Investigar nunca debería causar molestia; lo cuestionable es seleccionar convenientemente los expedientes; si Morena realmente pretende defender la democracia, tendría que demostrar que está dispuesto a revisar también las actuaciones de sus gobernadores, dirigentes, funcionarios y familiares políticamente influyentes; de otra manera, la famosa comisión terminaría pareciendo un espectáculo legislativo destinado a distraer la atención pública.
