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 APRUEBA CONGRESO JUICIO POLITICO CONTRA EXGOBERNADOR

Publicado en Órale Qué Chiquito el 24/08/2022
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Una de las características básicas de cualquier sistema republicano, como el nuestro, lo constituye la responsabilidad de todos los funcionarios en el desempeño de sus cargos. Es decir, cada uno de los servidores públicos deberá dar cuenta por sus actos y, en su caso, responder por ellos. Un juicio político es un proceso judicial que se lleva a cabo para determinar la responsabilidad de ciertos funcionarios públicos en diferentes hechos o situaciones, por lo general la acusación y el proceso son facultades exclusivas del poder legislativo Los imputados o señalados son servidores públicos de alta jerarquía que, de ser encontrados culpables, son destituidos e inhabilitados para volver a asumir el cargo o desempeñar un cargo en el futuro. El pasado 31 de mayo, el Congreso del Estado grande de Chihuahua, aprobó admitir una denuncia de juicio político en contra del exgobernador Javier Corral, por supuestos actos y omisiones cometidas durante el desempeño de su encargo. De entrada, la acusación se puede considerar endeble, pues como demostrar que se cometieron actos que pueden constituir delitos o bien como probar que el no haber realizado tal o cual acción causó deterioro y menoscabo al patrimonio del estado y a su población.  Los jefes de Estado, en muchos casos, no son ni astutos como serpientes ni inocentes como palomas.No son astutos, son ineficaces, pero, por otro lado, tampoco son inocentes. Al contrario, en muchos casos orientan sus acciones en deterioro de su propia comunidad sin pensar cuáles son los destinos de ella. Los juicios morales pueden ser inocuos e ineficaces, sólo los juicios políticos pueden ser relevantes y eficaces. A diferencia de Javier Corral, el originario de Tamazula que por cierto se va de embajador a Copalquin para no extrañar el terruño, no tiene de que preocuparse, pues con dos o tres excepciones, los diputados de la sexagésima novena legislatura son mansos corderos que cuando mucho dan para promulgar leyes sobre el derecho a la paz, lo que no saben los timoratos legisladores locales de Durango, es que los ciudadanos pueden hacer sobre sus gobernantes juicios políticos, morales o jurídicos.De manera que el desquiciado y fatuo que permitió que la avenida José Santos Valdez cambiara su nombre por el de José Rosas Aispuro Torres, ya recibió el juicio político de los ciudadanos que defraudó y engañó durante seis años. El puente que costó el triple de su presupuesto original y solo ha servido para causar problemas, no proporcionar partidas a los municipios, darle curso desconocido al dinero de los uniformes escolares, no pagarle a la Universidad lo que le toca, quedarle a deber a los maestros, pedir moche de todo y para todo, amenazar periodistas inventándole delitos, no haber sido capaz de dedicarle una película, documental o museo a Guadalupe Victoria, son tan solo algunas de las acciones y omisiones cometidas durante el desempeño de su encargo. Hasta la fecha, en México el juicio político es un mecanismo ineficaz para exigir la responsabilidad en la conducción del gobierno, por lo que, pensando en ello, Aispuro Torres no necesita ampararse cuando ande de paseo por Durango, pero con respecto del gobierno federal más vale que ponga sus barbas a remojar porque se la tienen guardadita…y no precisamente para nombrarlo embajador, esos cargos son para personas cultas, simpáticas e inteligentes.                                                          

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