Aunque ya se conocía de manera pública, el conflicto legal entre la empresa DuranPark y el gobierno del Estado encabezado por Esteban Villegas Villareal, ahora es de conocimiento a nivel nacional. En Durango hay controversias entre el Estado y particulares, lo mismo juicios agrarios entre ejidos y particulares como es el caso del ejido San José de Tuitán municipio de Nombre de Dios, Dgo. Este tipo de juicios se han hecho del conocimiento público en todo el país porque han llegado a la mañanera del presidente López Obrador, para ser atendidos por las estancias jurisdiccionales competentes. En el caso de las expropiaciones por causa de utilidad pública, en ocasiones los gobiernos estatales y municipales se exceden por las facultades que les han sido conferidas.
En el caso de la empresa DuranPark instalada en el parque logístico industrial de Durango, es una lucha legal que apenas comienza. El único camino que queda para evitar un litigio que a ninguna de las partes les conviene, Andrés Manuel López Obrador ha hecho una recomendación a las partes en conflicto. Para ello, le dio instrucciones a la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde y darle solución a dicho conflicto. Al menos en la historia reciente, no se recuerda un problema legal entre el gobierno del Estado y empresas como DuranPark. No sabemos cuanto significa que en el gobierno de Rosas Aispuro, se haya hecho una donación condicional a dicha empresa.
De acuerdo a lo que se conoce por los medios de comunicación, el conflicto se deriva de una donación condicionada que se le da en el gobierno del pasado sexenio a DuranPark. Como su nombre lo indica, la donación condicionada está sujeta a que se cumplan los requisitos que en ella se establecen. El gobierno del Estado argumenta que la empresa incurrió en el incumplimiento de la donación, y por esa razón, emprendió una acción de expropiación que de acuerdo a la constitución, tiene facultades. Sin embargo, DuranPark promovió un juicio de amparo en el cual un juez federal que conoce del amparo, falló a favor de la empresa y en contra de la autoridad responsable, el gobierno del Estado.
Suponemos, que el gobernador a través de su dirección jurídica, interpuso un recurso de revisión en contra del juez de distrito, aquí es donde comienza una posible lucha legal de las partes involucradas, que podría llevar mucho tiempo. La empresa DuranPark, aún con una suspensión a su favor, de manera inteligente abrió otro frente que le podría dar resultados. Llevar a la mesa una negociación política, pidiendo la intervención del gobierno federal. Entre otras cosas, la empresa argumenta que ya invirtió 17 millones de pesos en obras de urbanización para que en el futuro se puedan instalar empresas en ese parque logístico industrial. Además, afirma que para cumplir la donación condicionada, tiene de plazo hasta 2027 para dar cumplimiento a la donación condicionada en su totalidad.
La vía corta para solucionar este conflicto, es la intervención de la secretaria de gobernación. La vía larga, es una lucha judicial donde cualquiera de las partes involucradas pueden ganar o perder. Así mismo, ignoramos que acuerdos ha hecho el gobierno del Estado con otras empresas extranjeras como las chinas. La intervención de Rosa María Alcalde en esta controversia entre el gobierno del Estado y la empresa, pensamos que será atendida por las partes. De lo contrario, las promesas de miles de empleos bien pagados, de crecimiento y desarrollo económico, podrían posponerse por tiempo indefinido. Como dijo Juan Gabriel: “pero que necesidad, para que tanto problema”. Vale más un buen arreglo, que un mal pleito.
