Luego de la aprobación de las reformas constitucionales que implican que la Guardia Nacional sea incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional, hay argumentos que la oposición y los ciudadanos han expuesto que el Gobierno Federal y el partido en el poder no deberían desacreditar; primero porque aunque no se quiera reconocer esto sí es una militarización del país, hasta cierto punto disfrazada de la necesidad que se tiene por combatir la inseguridad que prevalece en el país. Pero sin el ánimo de caer en el “alarmismo”, creo que darle todo ese poder al Ejército sin duda tendrá sus consecuencias negativas.
La senadora morenista por Chihuahua, Andrea Chávez, en su afán de defensa del dictamen enviado de la Cámara de Diputados, asegura que en este momento no hay “detenciones extrajudiciales ni tortura” en el país como hace algunos años, claro, refiriéndose al comportamiento de las Fuerzas Armadas, pero en su exposición añade lo difícil que fue vivir en zonas donde la inseguridad se incrementó de forma exponencial sobre todo en las fronteras con el vecino del norte, aludiendo la “guerra contra el narco” iniciada en el sexenio de Felipe Calderón. Ejemplos que se “desmoronan” por el simple hecho de que integrantes del movimiento al que representa, específicamente Mario Delgado, se “ensañaron” en criticar una supuesta militarización en aquel tiempo.
Desde luego nada justifica las decisiones tomadas por el entonces Presidente Calderón en esa fallida estrategia, que hoy tiene al responsable del área de seguridad en prisión. Pero en términos reales durante el sexenio de López Obrador la cifra de homicidios dolosos casi alcanza los 200 mil, más que en los anteriores sexenios, es decir, ni con una Guardia Nacional que desde siempre estuvo prácticamente integrada por efectivos castrenses, ni las propias Fuerzas Armadas han podido contener esa ola de violencia, y para muestra lo que ha ocurrido en Zacatecas y se mantiene en Sinaloa.
Poder.
Para el Ejército, que tiene gran parte del reconocimiento social, no es “sano” que tenga funciones más allá de las que está destinado a hacer, otorgarle más poder generará una especie de control económico, de seguridad y hasta cierto punto político. Si bien debemos reconocer que las corporaciones municipales y estatales están muy señaladas en cuanto a sus posibles vínculos con grupos delictivos, las Fuerzas Armadas no se libran de los mismos señalamientos, incluso hay especialistas que aseguran que lo ocurrido en Ayotzinapa tiene que ver con la milicia de nuestro país; quizá por esto no se ha avanzado en la investigación como López Obrador hubiera querido, tal cual lo señaló. La acción de la justicia quedaría en manos de los militares, y se dice que el “pueblo” votó por eso.
Poder.
Todo este poder que se le ha dado a las Fuerzas Armadas, desde la construcción de un importante número de obras en el país, el control de los aeropuertos y cruces fronterizos, y ahora su permanencia en la calles haciendo labores que deberían hacer las corporaciones civiles, pudiera tener su trasfondo político, y quien deberá asumir lo que resulte de todas estas concesiones al Ejército será la propia Claudia Sheinbaum Pardo, una vez que asuma la máxima magistratura en México. Corresponderá a ella y a su equipo, como su próximo secretario de seguridad, así como los de la Defensa Nacional y la Marina, determinar la estrategia de esa modificación constitucional; que lo militar no esté por encima de lo político, social y económico.
Durango.
Así como lo dijimos en este espacio, el Congreso del Estado de Durango fue de las primeras 17 entidades en aprobar la minuta enviada por el Senado, con el voto a favor de Morena, Verde y el PRI, mientras que en contra sufragaron el PAN y MC. Más allá del “voto de confianza” que pidió el Ejecutivo estatal, esperemos que todo ello le abona a esa buena relación que se empieza a construir con la nueva administración federal.
