Para iniciar, hay que definir al Ingreso Básico Universal -IBU-, éste es una transferencia monetaria pagada por el Estado, es decir, no es un ingreso que el individuo genere o que alguna institución pública o privada otorgue por alguna actividad o inactividad. Esta transferencia tiene las siguientes características:
–Universal: Es para TODAS las personas ciudadanas o residentes en pleno derecho.
–Individual: Se entrega por persona y no por hogar, familia o matrimonio.
–Uniforme: Todas las personas reciben el mismo monto de dinero.
–Periódico: Se entrega cada cierto tiempo establecido.
El IBU, considerado como política pública, surge derivado de los índices de pobreza en la población y parte de la hipótesis de que la causa de la pobreza es la desigual distribución del ingreso, y que puede ser corregida mediante una política de redistribución desde el Estado.
Para determinar que una población se encuentra en índices de pobreza o pobreza extrema, se utilizan indicadores de medición, cabe comentar que los países más desarrollados e industrializados, tienen sectores de su población en situación de pobreza, lo que difiere de éstos a los subdesarrollados o en vías de desarrollo, es el establecimiento de la línea que divide a los pobres de los que no lo son, es decir, los indicadores.
En el caso de México, muchas personas no cuentan con los recursos económicos para satisfacer la totalidad de los gastos básicos, ni de tener condiciones de vida dignos en los ámbitos de vivienda, salud, alimentación/nutrición, educación, entre otros. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), “se estima que 9.3 millones de mexicanos (as) se encuentran en pobreza extrema, esto es, 7.4 % de la población total del país, situación que se exacerbó desde 2020 derivado de la pandemia por covid-19”.
Por su parte, el Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo (CIAD) del CONAHCYT, en un artículo publicado en 2022, menciona que “la simulación que analizó el grupo de expertos consistiría en otorgar $1,668.00 cada mes -por persona- (equivalente a la línea de pobreza extrema que consiste en poder comprar la canasta alimentaria básica), que se otorgaría a cada persona, cuyo financiamiento estaría sostenido por un incremento en el gasto social de 6.98 puntos porcentuales del PIB (considerando que el costo estimado es de 10.6 %).
Algunos de los argumentos a favor del IBU son que, al ser universal, también se podría abatir la brecha de género; y el otro, aportado por Philippe Van Parjis, filósofo y economista, es que “el IBU dota a los trabajadores de un mayor poder de negociación en el mercado laboral, porque se reduce el potencial de aceptar empleos mal pagados”.
Para analizar en justa proporción el IBU, primero que todo, hay que partir de la premisa de la política pública sobre que los recursos son limitados mientras que las necesidades son ilimitadas; al respecto, no habrá recurso que alcance para satisfacer todas las necesidades de una población, más aún, si se otorga con carácter universal. No considero congruente dar recurso a quienes ya lo tienen y no sufren por él, es por esto, que una política pública de esta envergadura constituye un reto desde su planeación.
A título personal, considero que la pobreza y la desigualdad son el problema raíz, de muchos otros de carácter social, como el acceso a servicios de salud o educación de calidad, sin embargo, un Ingreso Básico Universal no es equivalente a erradicar la desigualdad, puesto que habría que diferenciar entre igualdad y justicia. No se trata de dar recurso igual y uniforme a todas las personas, sin importar sus condiciones, sino de ser justos y dárselo a quienes verdaderamente lo necesitan. Es por esto que, subrayo, esta política es un reto desde su planeación, pasando por la ejecución, evaluación y mejoras.
