Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la promoción y defensa de la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio del derecho a saber. Constituyen un contrapeso, ante el poder público, para generar las condiciones de una sociedad más participativa, democrática y con mejor calidad de vida: INFOCDMX
Durante el ejercicio de análisis y propuesta para la creación de la reforma a la constitución en materia de transparencia en el año 2014, el senado de la república a través de las diversas fuerzas políticas donde se incluyó a la izquierda mexicana que hoy gobierna se escucharon a muchas voces, entre ellas a los integrantes de la sociedad civil.
Los años previos, del 2002 al 2014 diversas organizaciones de la sociedad civil habían venido desarrollando indicadores y métricas son el ejercicio del derecho a la información y la transparencia en México, con el fin de saber cómo se estaba ejerciendo y sobre todo donde se encontraban aquellas malas prácticas que impedían el avance en la garantía de esos derechos.
A pesar de que en esa reforma constitucional del año 2014 se fortaleció a los órganos garantes de transparencia otorgándoles la categoría de organismo constitucionales autónomos, era necesaria también otro tipo de contrapesos que los vigilara en su desempeño.
Es así como se crea en la Ley General de Transparencia del 2015 (ya derogada) la figura del Consejo Consultivo Ciudadano en el articulo 47 que señalaba: “Los Organismos garantes contarán con un Consejo Consultivo, que estará integrado por consejeros que serán honoríficos y por un plazo que no exceda a siete años”.
El propósito del consejo consultivo de la transparencia era que sus integrantes tuvieran la capacidad y determinación de emitir opiniones y sobre la actuación de los organismos garantes de la transparencia incluido el INAI y los locales.
Lo anterior en unos casos el Consejo Consultivo hizo su trabajo de ser el contrapeso de las actuaciones o decisiones de los órganos garantes de la transparencia, pero en otros casos se convirtieron en comparsas y aplaudidores, muy alejados de la labor que se les había encomendado.
Aún con las fallas que se pudieran haber tenido en el funcionamiento de esos consejos consultivos, la sociedad civil y la academia estaba presente en la vigilancia de los órganos garantes de la transparencia, situación que en la nueva Ley General quedó inexistente.
Es decir, no se tiene ninguna participación de la sociedad civil ni de la académica en la vigilancia de quienes según la ley actual de transparencia deberán garantizar los derechos de acceso a la información y la transparencia, que son las mismas autoridades.
En ese sentido hoy más que nunca se requiere que organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19; Ciudadanos por municipios transparentes, CIMTRA; Centro de Análisis e Investigación, FUNDAR; México Evalúa; Red por la Rendición de Cuentas; Transparencia Mexicana, entre otros, estén más alertas en la vigilancia del cumplimiento en la garantía del derecho a la información y la transparencia.
Ojalá que así sea.
*Catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública
Twitter @lululopezsalas. Instagram @LourdesLópezSalas.
