El Dr. Alán Arroyo Cisneros fue electo como nuevo director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) para el periodo 2025–2031. Su nombramiento representa una oportunidad clave para transformar una de las unidades académicas más relevantes del estado, y también un reto: pasar del discurso a los hechos.
Como candidato único, Arroyo Cisneros presentó una serie de compromisos que ahora debe traducir en acciones concretas. Entre las primeras tareas urgentes destacan la mejora de los servicios sanitarios y el mantenimiento constante de los dos auditorios con los que cuenta la facultad.
A mediano plazo, hay asuntos estructurales que requieren atención inmediata:
La renovación integral del plan de estudios y la reorganización de la carga académica, con un enfoque más práctico y moderno.
El establecimiento de mecanismos claros y eficientes para la realización de prácticas profesionales, que vinculen a las y los estudiantes con instituciones públicas, privadas y del tercer sector.
La incorporación de nuevas metodologías de enseñanza jurídica, basadas en el uso de tecnologías, educación híbrida, aprendizaje colaborativo y formación en herramientas digitales como legaltech, blockchain, big data, ciberseguridad jurídica, simuladores de juicio e inteligencia artificial.
El impulso a la producción académica y la investigación jurídica, con énfasis en litigio estratégico, clínicas jurídicas universitarias y una evaluación docente continua con participación estudiantil.
El nuevo director asume el cargo en una coyuntura favorable. Su red de relaciones personales, institucionales y gubernamentales puede facilitar la gestión de recursos presupuestales para llevar a cabo los cambios que propone. No obstante, más allá de su perfil como académico e investigador judicial, su gestión deberá distinguirse por una política clara de cero tolerancia a la corrupción y al acoso, en cualquiera de sus formas, contra estudiantes, personal docente o administrativo.
Ninguna transformación institucional es sencilla, y menos en tiempos de incertidumbre. Pero renovar una Facultad de Derecho es, en teoría, una apuesta en la que todos ganan: la universidad, el sistema judicial, la sociedad y, por supuesto, las nuevas generaciones de juristas. Para lograrlo, se requerirá visión, voluntad política, capacidad diplomática y una administración financiera responsable.
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