La detención en Paraguay de Hernán Bermúdez, identificado como supuesto líder de La Barredora en Tabasco, ha sacudido el entorno político. No solo por su captura, sino por el hecho de que alguien con vínculos con la delincuencia organizada pudiera alcanzar posiciones clave en la seguridad pública del estado. Bermúdez no era un desconocido ni un funcionario menor. Durante el gobierno de López Hernández fue responsable de la seguridad en Tabasco. ¿Cómo es posible que el entonces gobernador no estuviera al tanto de sus actividades delictivas? Incluso si así fuera, resulta inverosímil que, ya como secretario de Gobernación, no tuviera conocimiento. La justificación de la ignorancia, en política, suele ser tanto débil como conveniente.
Muchos hemos puesto en duda lo creíble que resulta aceptar que el expresidente Felipe Calderón ignorara las actividades de Genaro García Luna, hoy encarcelado por narcotráfico en Estados Unidos. Si entonces rechazamos el argumento de inocencia por desconocimiento, no podemos aceptarlo ahora. No se puede aplicar un estándar diferente a unos y a otros.
Adán Augusto ha intentado minimizar la situación, primero con silencios, luego con declaraciones ambiguas y finalmente argumentando que todo es un ataque político. El actual coordinador de Morena en el Senado asegura estar dispuesto a comparecer. Bien, pero lo esencial no es la mera voluntad, sino el compromiso de enfrentar a la justicia, incluso solicitando licencia para renunciar al fuero. En medio de la controversia, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con firmeza. A través de su cuenta de X, agradeció al gobierno de Paraguay la captura. La disparidad de enfoques es evidente. Mientras uno busca explicar lo inexplicable, la otra enfatiza que la justicia actúe sin ambigüedades. 
Todos los gobiernos, sin distinción de partido o ideología, han tenido funcionarios corruptos. La diferencia radica en si se tolera la corrupción o se permite la impunidad. Desde que AMLO fue jefe de Gobierno en la Ciudad de México, dejó claro que no habría protección para quienes se desvíen. Ejemplos son Bejarano, Ímaz y Ponce, quienes enfrentaron a la justicia sin que el entonces mandatario capitalino interviniera en su defensa. Esta línea se ha mantenido en la 4T. En los últimos siete años hay ejemplos contundentes: la captura y extradición de Emilio Lozoya, implicado en sobornos de Odebrecht; la detención y condena de Rosario Robles por la “Estafa Maestra”; la detención de Juan Collado, acusado de lavado de dinero; y la investigación contra Francisco Garduño tras la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Ninguno recibió protección desde Palacio Nacional.
Dentro de la 4T también se han realizado acciones contra la corrupción. El caso Segalmex es el más llamativo: más de 150 denuncias y 26 funcionarios procesados, entre ellos Manuel Lozano, René Gavira y Hugo Buentello. La CONADE ha sido señalada por irregularidades millonarias y la justicia sigue su curso. Incluso la salida de Julio Scherer Ibarra de la Consejería Jurídica, aunque no derivó en proceso penal, mostró que no se toleraron prácticas que generaban sospechas de tráfico de influencias.
La oposición ha intentado imponer, sin pruebas, la narrativa de que la corrupción predomina en la 4T. La han repetido una y otra vez, acusando incluso a los primeros mandatarios. Sin embargo, una diferencia central con el pasado es que hoy la corrupción no se promueve desde arriba. Existen casos graves, pero no llegan a la cúpula del Ejecutivo. A diferencia de lo ocurrido con Enrique Peña Nieto, cuyo gobierno logró las reformas del “Pacto por México” a billetazos , en la 4T el mensaje ha sido claro: nadie tiene licencia para delinquir
Es fundamental que Adán Augusto comprenda la gravedad del asunto. No es un tema político ni un señalamiento mediático. Es un asunto de credibilidad, coherencia y compromiso con los principios de la 4T. No puede reclamar la herencia política de AMLO mientras adopta prácticas que recuerdan al viejo régimen. La detención de Hernán Bermúdez es una prueba para Adán Augusto. Está en sus manos demostrar que no será un político que, para salvarse, fomente la impunidad propia y la de quienes lo rodean. La gran diferencia entre el neoliberalismo y la 4T no radica en la existencia de corruptos, sino en la decisión de no protegerlos. Esa línea no debe cruzarse. Si se cruza, no importa el nombre ni el cargo: la justicia debe actuar.
