El acoso escolar se ha convertido en una de esas problemáticas que, durante años, muchos prefirieron minimizar bajo frases como “son cosas de niños” o “así nos tocó crecer”; sin embargo, hoy la realidad obliga a voltear a ver un fenómeno que ha dejado heridas emocionales profundas, daños psicológicos e incluso tragedias irreparables. La propuesta de la diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Sughey Torres, a nombre del Grupo Parlamentario, pretende tipificar el bullying como delito en Durango y abre un debate que no puede tomarse a la ligera, pues aunque pareciera una medida dura, lo cierto es que refleja el nivel de gravedad que ha alcanzado este problema dentro de las escuelas; la intención de establecer sanciones, multas y responsabilidades para quienes omitan actuar, manda un mensaje claro, ya no se puede seguir normalizando que niños y adolescentes vivan con miedo de asistir a sus aulas, por lo que se prevén sanciones de 60 días de trabajo comunitario a quienes agredan compañeros, además de una multa económica equivalente a 100 UMAs.
El límite.
Si algo debe reconocerse de esta iniciativa es que busca poner un alto a una práctica que muchas veces se dejó crecer por indiferencia; durante años, cientos de menores han padecido agresiones físicas, burlas, amenazas, exclusión social y ahora hasta violencia digital sin que existiera una verdadera consecuencia. El bullying dejó hace mucho de ser un “juego pesado”; hoy puede derivar en ansiedad, depresión, abandono escolar o daños emocionales permanentes; de ahí que poner el tema sobre la “mesa” no solo sea oportuno, sino necesario, porque ninguna autoridad puede seguir justificando la omisión con protocolos ambiguos o silencios institucionales.
La omisión.
Uno de los puntos más relevantes de la propuesta radica en responsabilizar a las autoridades educativas que decidan guardar silencio o mirar hacia otro lado ante casos evidentes de violencia escolar. Y es que quizá ahí está una de las raíces del problema, directivos, docentes o instituciones que, por evitar escándalos o proteger la imagen de un plantel, terminan minimizando denuncias de padres de familia y alumnos; si de verdad se quiere combatir el acoso escolar, no basta con castigar a quien agrede; también debe existir corresponsabilidad para quienes teniendo la obligación de actuar, simplemente optan por la indiferencia, por lo que la propuesta incluye sanción de hasta 500 UMAs para los directivos de los planteles que sean omisos ante denuncias de este tipo de violencia al interior de sus planteles. 
El debate.
Desde luego, la iniciativa no estará exenta de polémica, porque habrá quienes, sobre todo padres de familia, que consideren excesivo tipificar el bullying como delito, argumentando que los menores requieren orientación y no criminalización; otros sostendrán que las sanciones económicas, el trabajo comunitario o la responsabilidad institucional podrían convertirse en mecanismos disuasivos eficaces. El reto será encontrar el equilibrio adecuado entre prevención, educación y castigo, porque tampoco se trata de judicializar cualquier conflicto entre estudiantes, o criminalizar a los niños y adolescentes que lleven a cabo estas prácticas, sino de diferenciar cuándo existe un problema de convivencia y cuándo realmente se está frente a un patrón sistemático de violencia física, psicológica o digital que pone en riesgo la integridad de un menor.
La prioridad.
Lo que no admite discusión es que ningún niño debería sentir temor de entrar a un salón de clases; la escuela tendría que representar un espacio de formación, seguridad y crecimiento, no un lugar donde algunos sufran humillaciones cotidianas mientras otros observan sin intervenir. Quizá el mayor mérito de esta discusión legislativa sea obligar a la sociedad a reconocer que el bullying no desaparece ignorándolo; padres, maestros, autoridades y legisladores tendrán que asumir una responsabilidad compartida, porque si algo ha quedado claro es que cuando una escuela decide guardar silencio, el daño no solo lo sufre quien es víctima; también lo carga toda una generación que aprende, equivocadamente, que la violencia puede normalizarse.
