Otra vez las imágenes se repiten, adolescentes recorriendo las calles de Durango con armas blancas, enfrentándose entre pandillas con la clara intención de agredirse físicamente.
No se trata de simples “travesuras” ni de rebeldía propia de la edad; son conductas violentas que, si no se atienden con firmeza, terminan convirtiéndose en el inicio de una carrera delictiva.
La pregunta es inevitable: ¿a qué estamos jugando? Mientras la sociedad exige mayor seguridad, pareciera que las consecuencias para los menores infractores siguen siendo insuficientes para frenar una violencia que cada vez aparece a edades más tempranas.
Desde 2016, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes homologó los procesos en todo el país para personas de entre 12 y 18 años, privilegiando la justicia restaurativa y la reinserción social, la legislación establece que los menores de 12 años no tienen responsabilidad penal y son canalizados a instituciones de asistencia y protección; quienes tienen entre 12 y menos de 14 años no pueden ser privados de la libertad y únicamente reciben medidas de orientación y tratamiento; los adolescentes de 14 a menos de 16 años pueden recibir internamiento hasta por tres años y, entre los 16 y menos de 18 años, el máximo es de cinco años. 
Pero la realidad obliga a preguntarse: ¿ha sido suficiente? Claramente no, cada vez es más frecuente observar menores involucrados en riñas, portación de armas blancas e incluso en delitos de mayor gravedad, la edad ya no puede seguir siendo el argumento para minimizar conductas que ponen en riesgo la vida de otras personas.
La justicia restaurativa tiene un propósito importante cuando existe una verdadera intención de corregir el rumbo, sin embargo, también debe enviar un mensaje contundente, la violencia tiene consecuencias, y quien decide salir armado a buscar una pelea sabe perfectamente que puede herir o incluso quitarle la vida a otra persona y eso no es una simple travesura; es una decisión.
Los legisladores también tienen una responsabilidad que ya no pueden seguir postergando, es momento de dejar los discursos, las diferencias partidistas y las promesas para ponerse, de una vez por todas, a legislar, si las leyes actuales ya no responden a la realidad que se vive en el país, entonces deben modificarse porque no basta con reconocer que existe un problema; hay que tener la voluntad de enfrentarlo.
Mientras diputados y senadores siguen sin querer hacer algo de fondo por el bien de Durango y de México, en las calles los menores continúan armándose, enfrentándose y creyendo que la ley difícilmente les alcanzará y mientras nuestros representantes sigan aplazando las reformas que la sociedad exige, habrá jóvenes que seguirán haciendo lo que les venga en gana, convencidos de que las consecuencias serán mínimas.
No se trata de criminalizar a toda una generación; la mayoría de nuestros adolescentes estudia, trabaja, sueña y lucha por salir adelante, pero quienes eligen el camino de la violencia deben enfrentar sanciones acordes con la gravedad de sus actos, la protección de sus derechos no puede estar por encima del derecho de las familias a vivir en paz y con seguridad.
México ya enfrenta demasiados problemas de inseguridad como para permitir que una nueva generación crezca creyendo que la ley no tiene fuerza, la prevención seguirá siendo indispensable, pero cuando ésta falla, el Estado debe responder con firmeza.
Porque la impunidad, sin importar la edad de quien la aproveche, jamás será la respuesta. La verdadera omisión no está únicamente en quienes delinquen; también está en quienes tienen la obligación de hacer las leyes y prefieren seguir posponiendo las decisiones que el país necesita.
