Hubo un tiempo en que tener una casa propia representaba el principal símbolo de estabilidad para una familia mexicana. Hoy, para miles de jóvenes, ese proyecto de vida se ha transformado en una meta cada vez más lejana, particularmente en estados como Durango, donde los salarios avanzan con mucha menor velocidad que el precio de la vivienda.
Los números hablan por sí solos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, el ingreso promedio de una gran parte de la población ocupada en México continúa siendo insuficiente para acceder a un crédito hipotecario tradicional. Incluso entre quienes cuentan con estudios profesionales, los ingresos difícilmente alcanzan para cubrir el financiamiento de una vivienda cuyo costo promedio supera ya los 3.2 millones de pesos, según estimaciones del mercado inmobiliario nacional publicadas por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y diversos indicadores del sector.
La realidad es aún más compleja cuando se habla de vivienda de interés social. Un inmueble con un valor cercano a los 800 mil pesos requiere ingresos mensuales aproximados de 17 mil a 18 mil pesos para obtener un crédito en condiciones razonables. Sin embargo, el ingreso promedio de una parte importante de los trabajadores mexicanos se mantiene por debajo de esa cifra. En otras palabras, trabajar, ahorrar y ser profesionista ya no garantiza la posibilidad de comprar una casa. 
El problema no radica únicamente en el incremento del precio de los inmuebles. También influyen el aumento en el costo de los materiales de construcción, la inflación acumulada de los últimos años, la disponibilidad limitada de suelo urbano y un crecimiento salarial que simplemente no ha seguido el mismo ritmo. La consecuencia es evidente: cada vez más jóvenes postergan la compra de una vivienda, permanecen más tiempo con sus padres o destinan una proporción creciente de sus ingresos al pago de rentas.
En Durango, esta realidad comienza a reflejarse con claridad. Mientras continúan desarrollándose complejos residenciales dirigidos a sectores con alto poder adquisitivo, miles de familias encuentran como única opción fraccionamientos periféricos que frecuentemente enfrentan deficiencias en infraestructura, movilidad, transporte público y acceso a servicios básicos. La ciudad crece, pero no necesariamente de manera más equitativa.
Frente a este panorama, la vivienda vertical deja de ser un concepto reservado para las grandes ciudades y comienza a perfilarse como una alternativa necesaria. Los departamentos bien planeados, ubicados cerca de centros de trabajo, universidades y servicios, pueden representar una solución más eficiente para aprovechar el suelo urbano y reducir los costos de adquisición. El reto consiste en que estos desarrollos sean realmente accesibles y no reproduzcan el mismo problema de precios elevados.
Es importante reconocer que tanto el Gobierno Federal como diversas administraciones estatales han impulsado programas para ampliar la oferta de vivienda y facilitar el acceso al crédito mediante instituciones como INFONAVIT y FOVISSSTE. No obstante, el desafío rebasa el ámbito del financiamiento. Mientras los salarios reales continúen perdiendo terreno frente al costo de la vivienda, cualquier esfuerzo resultará insuficiente.
El acceso a una vivienda digna no debería depender exclusivamente del nivel de ingresos o de la posibilidad de heredar un patrimonio familiar. La Constitución reconoce este derecho, pero ejercerlo se vuelve cada día más complicado para una generación que estudia más, trabaja más y, paradójicamente, tiene menos posibilidades de construir un patrimonio propio.
La pregunta ya no es si los jóvenes quieren comprar una casa. La verdadera interrogante es si el mercado inmobiliario y las políticas públicas están preparados para ofrecerles una oportunidad real de hacerlo. Porque cuando una generación pierde la posibilidad de acceder a una vivienda, no solo se debilita su patrimonio; también se compromete el desarrollo económico, la movilidad social y el futuro de nuestras ciudades.
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (ENOE); Sociedad Hipotecaria Federal (Índice SHF de Precios de la Vivienda y reportes del mercado hipotecario); INFONAVIT; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
