Es innegable que siempre ha existido una relación de simbiosis entre los gobiernos y algunos medios de comunicación considerados oficialistas. Del otro lado también cohabitan críticos a ultranza que, en muchas ocasiones, terminan sirviendo a intereses opositores a los gobiernos en turno. Pero tampoco se puede omitir a quienes todos los días intentan ejercer un verdadero periodismo y ofrecer un análisis informado, lejos de las consignas, de los intereses económicos y de las filias o fobias políticas.
También habría que diferenciar con claridad los convenios de difusión que los gobiernos celebran con los medios para dar a conocer información institucional, de la venta de la línea editorial o de la opinión a favor o en contra de un candidato, un personaje o un partido político. No son lo mismo. Vale recordar aquella célebre frase atribuida a José López Portillo: “No pago para que me peguen”, una expresión que durante décadas retrató la compleja relación entre el poder y la prensa. 
La llamada “ley mordaza” tiene un fuerte componente político y, precisamente por ello, merece un análisis desapasionado. Hoy cualquier persona con un micrófono, una cámara, una cuenta en redes sociales o una pluma puede decir prácticamente cualquier cosa. La libertad de expresión ha alcanzado niveles inéditos, al grado de que abundan el insulto, la calumnia, la difamación, el linchamiento digital y la mentira deliberada. Basta escuchar los calificativos que Carlos Alazraki y sus compinches dirigen cotidianamente contra la presidenta de la República, sin enfrentar consecuencia alguna. Vale la pena preguntarse cómo habría terminado un personaje con ese discurso durante el PRI hegemónico o en los años de la llamada guerra sucia.
Y eso, aunque incomode a muchos, demuestra que en México existe una libertad de expresión mucho más amplia de la que algunos están dispuestos a reconocer.
Sin embargo, esa libertad no puede convertirse en patente de corso para mentir. Bajo ninguna circunstancia debe permitirse que el Estado controle la opinión pública o decida qué se puede pensar. Pero sí sería deseable que existieran criterios claros para distinguir cuándo se trata de una noticia, cuándo de una opinión personal y cuándo de un análisis. No todo puede colocarse en la misma canasta. La opinión puede ser apasionada e incluso incómoda; el análisis puede admitir interpretaciones distintas; pero la noticia tiene una obligación ética: construirse con hechos verificables y no con propaganda, rumores o intereses disfrazados de información.
Vivimos en tiempos de la infodemia. Paradójicamente, nunca habíamos tenido tanta información al alcance de la mano y nunca había sido tan difícil distinguir la verdad de la mentira. La posverdad y las fake news se han convertido en auténticas armas de manipulación política, económica y hasta criminal. A ello se suman los algoritmos de las redes sociales, que nos muestran únicamente aquello que confirma nuestras propias creencias y fortalecen el fenómeno conocido como la cámara de eco.
La historia reciente ofrece ejemplos contundentes. En México todavía se recuerda el montaje televisivo de la captura de Florence Cassez e Israel Vallarta, presentado como si ocurriera en tiempo real, cuando en realidad había sido recreado por las propias autoridades. Aquella mentira terminó por afectar el debido proceso, provocó una crisis diplomática con Francia y dañó gravemente la credibilidad de las instituciones y de los medios que la difundieron. También permanece en la memoria la inexistente “Frida Sofía” durante el sismo de 2017, una historia que millones siguieron durante horas y que jamás existió.
Más recientemente, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, las redes sociales se inundaron de imágenes creadas con inteligencia artificial, videos antiguos presentados como actuales, supuestos ataques a aeropuertos, audios falsos y toda clase de rumores que sembraron miedo, provocaron cancelaciones de actividades, afectaciones económicas y una enorme confusión entre la población. Mientras las autoridades enfrentaban una crisis real de seguridad, también tuvieron que combatir una epidemia de mentiras.
Y si alguien piensa que exageramos, basta recordar cómo la falsa existencia de armas de destrucción masiva en Irak fue utilizada para justificar una guerra cuyas consecuencias aún resiente el mundo. La mentira, cuando se masifica, puede cambiar la historia. El problema ya no son solamente los medios tradicionales. Hoy cualquier usuario puede convertirse en un auténtico mercenario de la desinformación, un sicario de la información que fabrica rumores, manipula videos, altera imágenes o difunde mentiras con absoluta impunidad, ya sea por intereses políticos, económicos o simplemente para monetizar el escándalo. Nunca había sido tan fácil intoxicar la conversación pública.
Por eso el debate no debería reducirse a estar a favor o en contra de una ley. El verdadero desafío consiste en encontrar mecanismos que eviten y castiguen la fabricación deliberada de noticias falsas, sin abrir la puerta a la censura ni entregar al gobierno la facultad de decidir qué opinión es aceptable y cuál no.
Porque una democracia necesita una libertad de expresión irrestricta para fiscalizar al poder, denunciar abusos y confrontar ideas. Pero también necesita una sociedad informada. Defender la libertad no puede convertirse en el pretexto perfecto para proteger a los fabricantes de mentiras. De la misma manera, combatir la desinformación jamás debe ser la excusa para construir una auténtica ley mordaza. Entre la censura y la anarquía informativa existe un punto de equilibrio, y es ahí donde debería concentrarse la discusión.
