En política, las coincidencias casi nunca existen, y los tiempos, los mensajes y las decisiones suelen responder a estrategias cuidadosamente calculadas. La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de ocultar evidencia
relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, llega en un momento
particularmente complejo para el Gobierno Federal; porque nadie puede ni debe pedir impunidad para
quien haya cometido un delito; si existen pruebas, corresponde a la autoridad presentarlas y a los
jueces resolver. Sin embargo, resulta inevitable preguntarse si la oportunidad política de este tipo de
acciones también busca modificar la conversación pública, ya que la percepción de que ciertos casos de
alto impacto aparecen justo cuando el oficialismo enfrenta una crisis mediática comienza a repetirse con
demasiada frecuencia como para ser ignorada.
Antecedente.
Hace apenas unas semanas ocurrió algo similar con la detención del exgobernador panista Ernesto
Ruffo, y de inmediato, los encabezados nacionales cambiaron de tema y la discusión pública dejó de
centrarse en los señalamientos que alcanzaban a personajes cercanos a Morena. Ahora sucede
nuevamente; la captura de Ángel Aguirre desplaza la atención hacia un caso que, por su relevancia
histórica, inevitablemente domina ya la agenda informativa. El problema no es que se investigue a
exfuncionarios, por el contrario, la justicia debe alcanzar a cualquiera; lo preocupante sería que las
prioridades de la persecución penal coincidieran sistemáticamente con las necesidades políticas del
momento, generando la percepción de que el calendario judicial también responde al calendario del
poder.
Colores políticos.
Mientras las portadas se concentran en Aguirre, y antes lo hicieron con Ruffo, continúan acumulándose
investigaciones, versiones periodísticas y señalamientos sobre perfiles vinculados a Morena que
presuntamente mantienen relaciones con grupos criminales. Son temas que han generado
cuestionamientos dentro y fuera del país y que el Gobierno Federal no ha logrado desactivar
completamente; incluso cada nueva revelación abre otro frente político para la administración federal,
por lo que cualquier acontecimiento capaz de modificar la conversación nacional resulta especialmente
conveniente. Eso no significa que las detenciones sean ilegales o fabricadas, pero sí alimenta una
percepción que el propio gobierno debería ser el primero en evitar una justicia que pareciera avanzar
con distinta velocidad dependiendo del color político de los involucrados.
Coyunturas.
La FGR tiene la enorme responsabilidad de demostrar que sus decisiones responden únicamente a
expedientes sólidos y no a coyunturas políticas. La mejor manera de disipar cualquier sospecha es
actuar con el mismo rigor frente a todos los casos, sin importar si los investigados pertenecen a la
oposición o al oficialismo; porque cuando la ciudadanía observa que algunos expedientes avanzan con
rapidez mientras otros permanecen “congelados”, la confianza institucional comienza a deteriorarse. La
justicia selectiva, o incluso la percepción de que existe, termina debilitando al Estado de Derecho, y en
una democracia, la credibilidad de las instituciones vale tanto como las propias resoluciones judiciales.
Costo.
Si la estrategia consiste en cambiar el tema de conversación cada vez que el gobierno enfrenta una
crisis política, el beneficio puede ser inmediato, pero el costo institucional termina siendo enorme. Las
“cortinas de humo” funcionan unas horas o unos días, pero los problemas de fondo permanecen
intactos y tarde o temprano regresan al debate público. México necesita investigaciones completas,
transparentes y sin distingos partidistas, la sociedad merece conocer la verdad sobre Ayotzinapa, sobre
el huachicol, sobre la corrupción y también sobre cualquier presunto vínculo entre actores políticos y el
crimen organizado, sin excepciones, así de simple.
