La muerte de cinco bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Durango es una tragedia que difícilmente podrá olvidarse y que, necesariamente, tendría que generar consecuencias dentro de la institución. Ayer se confirmó la salida de quien fuera la delegada en nuestra entidad y se dio a conocer la llegada del doctor Saúl Nevárez Jiménez, quien conoce bien la operación del Seguro Social en Durango. La decisión tomada desde la Dirección General que encabeza Zoé Robledo manda un mensaje importante, después de lo ocurrido, difícilmente podía mantenerse todo exactamente igual; sin embargo, también debe quedar claro que un relevo administrativo no significa, por sí mismo, que se haya determinado la responsabilidad de quien hasta ayer encabezaba la responsabilidad de dicha institución.
Credibilidad.
Era previsible que un acontecimiento de esta magnitud terminara provocando movimientos dentro del IMSS. Cinco familias perdieron a sus bebés y existen investigaciones para determinar qué ocurrió dentro de la UCIN y en ese contexto, Zoé Robledo decidió realizar el cambio y colocar al frente de la representación en Durango a Saúl Nevárez, un médico con 29 años dentro del Instituto y que ya fue jefe de Prestaciones Médicas en la entidad. El nuevo responsable de la institución en nuestra entidad, tendrá la responsabilidad de regresar la credibilidad en cuanto la atención a la derechohabiencia, dado que luego de estos acontecimientos hubo quienes buscaron otras alternativas para la llegada de sus bebés; de ahí que el trabajo será arduo en los próximos días.
Postura.
En este punto me parece acertada la postura que ha mantenido el gobernador Esteban Villegas Villarreal, de no politizar una tragedia que pertenece, antes que a cualquier partido o gobierno, a cinco familias que merecen conocer la verdad. Resultaría demasiado sencillo aprovechar el dolor para repartir culpas, exigir renuncias o utilizar el caso como munición partidista cuando todavía existen investigaciones abiertas. Eso no significa guardar silencio ni proteger a nadie, por el contrario, significa exigir que las indagatorias lleguen hasta sus últimas consecuencias y que, si existieron negligencias, omisiones o responsabilidades de cualquier nivel, se sancione a quienes corresponda. El gobernador ha insistido en esperar los resultados antes de emitir condenas y esa debería ser la ruta, ni encubrimiento institucional ni linchamiento político, sino verdad sustentada en pruebas. 
Resultados.
Por eso resulta fundamental que la FGR avance y entregue resultados lo más pronto posible. Las familias acudieron ante esta instancia para que se investiguen las circunstancias en las que fallecieron sus hijos y será finalmente la autoridad ministerial la que deberá establecer si existieron conductas u omisiones que puedan constituir algún delito; incluso se han realizado diligencias para practicar necropsias y determinar científicamente las causas de los fallecimientos. Ojalá la Fiscalía comprenda que este no puede convertirse en uno de esos expedientes que pasan meses o años sin respuestas. Durango necesita conocer qué ocurrió, pero principalmente lo necesitan los padres de esos cinco bebés, pues ninguna explicación administrativa podrá sustituir una investigación seria, independiente, transparente y capaz de señalar responsabilidades donde realmente existan.
Confianza.
La llegada de Saúl Nevárez debe verse entonces como el inicio de una nueva etapa y no como la conclusión del problema. Cambiar al titular de una delegación puede ayudar a recuperar confianza y permitir que las investigaciones se desarrollen sin cuestionamientos sobre la estructura que estaba al frente cuando sucedieron los hechos, pero sería un grave error pensar que con ello quedó resuelto el asunto. Nadie puede ser declarado responsable, como tampoco puede descartarse ninguna responsabilidad hasta conocer los resultados. Ahora corresponde al nuevo delegado garantizar colaboración absoluta con las autoridades, corregir cualquier falla que sea detectada y recuperar la confianza de los derechohabientes, porque al final de cuentas lo más importante, es que esto no vuelva a ocurrir.
