Lo que se presentó como una política para garantizar que ningún joven se quedara sin estudiar terminó convirtiéndose, al menos en Durango, en un problema que ahora las propias autoridades educativas intentan corregir. “Mi Derecho, Mi Lugar”, impulsado desde la Secretaría de Educación Pública, prometía simplificar el ingreso al bachillerato eliminando exámenes y asegurando espacios; sin embargo, la realidad exhibió las deficiencias de un sistema que asignó estudiantes a planteles alejados de sus hogares o distintos a sus primeras opciones. Si el objetivo era facilitar el acceso, el resultado terminó caminando exactamente en sentido contrario, y con todo esto ha quedado en evidencia que una de las principales demandas de los mexicanos, como lo es la educación, no es una asignatura prioritaria para esta administración federal; porque a ello habría que añadirle otros asuntos que han impactado de forma negativa en la política educativa.
Algoritmo.
El problema central está en haber pretendido resolver desde un algoritmo lo que exige conocer la realidad de cada comunidad. Jóvenes que tenían una preparatoria cerca de su domicilio aparecieron asignados en otra institución alejada, obligando a las familias a reorganizar horarios, traslados y gastos. La educación gratuita deja de ser completamente gratuita cuando diariamente deben pagarse más pasajes, gasolina o alimentación por un recorrido innecesariamente largo; creo que no basta con presumir que todos tienen una butaca, también importa dónde está esa butaca y cuánto le cuesta a una familia llegar hasta ella; aunado a que en muchos de los casos tampoco se les asignó una especialidad solicitada.
Responsabilidad.
Aquí la responsabilidad política tiene nombre y apellido, Mario Delgado, pues el secretario de Educación Pública ha presentado “Mi Derecho, Mi Lugar” como un modelo más justo, incluyente y centrado en el derecho a la educación, que pudo haber sido así, de haberse hecho las cosas bien. Incluso presumió que 18 entidades habían adoptado esquemas de ingreso sin examen; pero gobernar no consiste solamente en bautizar programas con nombres atractivos y anunciar buenas intenciones, consiste en garantizar que funcionen. Si el mecanismo produjo decenas o cientos de inconformidades y obligó a directores a buscar intercambios entre estudiantes para acercarlos a planteles convenientes, entonces alguien diseñó mal el proceso. El funcionario federal debería explicar qué falló, quién diseñó ese algoritmo y cómo evitará repetir el problema. 
Gastos adicionales.
Detrás de cada asignación equivocada no existe solamente un folio, existe una familia, y es que para un hogar que enfrenta colegiaturas indirectas, útiles, uniformes, transporte y alimentación, mandar a un hijo a una escuela más distante puede representar cientos o incluso miles de pesos adicionales durante el ciclo escolar. También significa más tiempo en transporte y mayores dificultades para padres que deben llevar o recoger a sus hijos; peor todavía, la propia autoridad educativa en algunas entidades han advertido que algunas familias podrían optar por escuelas privadas y que existe el riesgo de que jóvenes, decepcionados por la asignación, abandonen sus estudios. Entonces aparece la gran contradicción, un programa creado para garantizar el derecho a estudiar podría terminar generando condiciones que dificulten ejercerlo.
Bandera política.
Lo preocupante sería que desde la SEP se pretenda defender el programa solamente porque forma parte de una “bandera” política del Gobierno Federal; porque creo que “Mi Derecho, Mi Lugar” necesita una revisión profunda que incorpore distancia del domicilio, capacidad real de los planteles, preferencias de los estudiantes y condiciones económicas de las familias. Mario Delgado tiene la obligación de corregir, porque la educación pública no puede administrarse desde un escritorio suponiendo que colocar a un joven en cualquier escuela equivale a garantizarle su derecho.
