Hay encuestas que sirven para medir popularidad, otras para anticipar elecciones y algunas más para alimentar la conversación política. Pero hay estudios que resultan mucho más incómodos para quienes gobiernan porque no preguntan por simpatías ni intenciones de voto: preguntan si el gobierno realmente está funcionando.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025), publicada por el INEGI el pasado 21 de mayo, pertenece a esa categoría. Cada dos años, el Estado mexicano se somete —al menos estadísticamente— al juicio de quienes hacen fila para realizar un trámite, pagan el predial, esperan una patrulla, abren una llave de agua o acuden a un hospital.
Y el mensaje que aparece detrás de los porcentajes es bastante sencillo: la ciudadanía no está pidiendo discursos; está pidiendo que las cosas funcionen. 
El gobierno empieza por lo básico
La primera llamada de atención está en los servicios públicos.
La satisfacción promedio de la ciudadanía con los servicios públicos básicos apenas alcanza 6.1 puntos sobre 10. Una calificación que difícilmente puede utilizarse como argumento para presumir una gestión exitosa.
La recolección de basura obtiene el mayor nivel de satisfacción, con 71.5 por ciento. Le siguen el agua potable, con 51.4 por ciento; drenaje y alcantarillado, con 43.4 por ciento; parques y jardines, con 42 por ciento, y alumbrado público, con 41.1 por ciento.
Pero cuando llegamos a carreteras y caminos sin cuota, la satisfacción cae a 27.9 por ciento; en policía, a 27.3 por ciento, y en calles y avenidas, apenas alcanza 23.7 por ciento.
El dato debería ser imposible de ignorar: ningún servicio público básico supera el 72 por ciento de satisfacción y la mitad ni siquiera alcanza el 45 por ciento.
Eso significa que para millones de personas la relación con el gobierno no ocurre en un discurso, en una ceremonia oficial o en una conferencia de prensa. Ocurre cuando el camión de la basura no llega, cuando falta agua, cuando una calle está destruida, cuando no hay alumbrado o cuando una llamada a la policía no obtiene respuesta.
Ahí es donde se mide verdaderamente un gobierno.
El trámite que se convierte en obstáculo
Hay otro dato que debería preocupar particularmente a las administraciones públicas: 39.1 por ciento de los trámites, pagos o solicitudes de servicio realizados durante 2025 tuvieron algún problema.
Filas excesivas, requisitos que no fueron informados, horarios restringidos o funcionarios que envían al ciudadano de una ventanilla a otra.
Parece un asunto menor hasta que uno recuerda que el ciudadano no vive la burocracia como una estadística. La vive como horas perdidas, permisos que no llegan, pagos adicionales y frustración.
La burocracia ineficiente termina convirtiéndose en una forma cotidiana de distancia entre el gobierno y la sociedad.
La corrupción tiene nombre y tiene precio
Pero si existe un problema que atraviesa prácticamente todos los demás, es la corrupción.
La percepción de que este fenómeno ocurre de manera frecuente o muy frecuente alcanza 86.5 por ciento en las policías y 83.9 por ciento en los partidos políticos. Después aparecen el Ministerio Público y las fiscalías estatales, con 75.3 por ciento; los gobiernos estatales, con 74.1 por ciento; las cámaras legislativas, con 73 por ciento, y los gobiernos municipales, con 71.9 por ciento.
Pero la corrupción no solamente deteriora la confianza. También cuesta dinero.
El costo estimado de la corrupción para los hogares mexicanos pasó de 11 mil 911 millones de pesos en 2023 a 17 mil 707 millones en 2025, un incremento cercano al 49 por ciento.
Y el gasto promedio por persona víctima de un acto de corrupción aumentó de 3 mil 368 a 3 mil 865 pesos.
Dicho de otra manera: la corrupción no se paga con el presupuesto de los gobiernos; termina pagándose con el bolsillo de los ciudadanos.
La salud: cuando el derecho se enfrenta con la realidad
La salud pública presenta otra de las brechas más delicadas entre lo que establece la ley y lo que experimenta una persona cuando necesita atención médica.
La satisfacción general con el servicio recibido apenas alcanza 43.3 por ciento en unidades del IMSS, 45.8 por ciento en el ISSSTE y 47 por ciento en los centros de salud estatales bajo el esquema IMSS-Bienestar.
La atención inmediata tampoco logra satisfacer a una mayoría amplia de usuarios.
Y aquí aparece una pregunta inevitable: ¿de qué sirve que un derecho exista en el papel si la experiencia cotidiana de ejercerlo resulta insatisfactoria?
El verdadero problema: la confianza
Quizá el dato más profundo de toda la encuesta no esté en los servicios públicos, sino en la confianza.
La ciudadanía confía principalmente en los círculos más cercanos: familiares, con 84.8 por ciento; universidades públicas, con 75.9 por ciento, y escuelas públicas básicas, con 74.6 por ciento.
En el extremo contrario aparecen las instituciones políticas: partidos políticos, con apenas 23.9 por ciento de confianza; cámaras de diputados y senadores, con 29.7 por ciento, y sindicatos, con 34.2 por ciento.
Aquí está, quizá, el verdadero desafío.
La ciudadanía no parece haber perdido la confianza en todas las instituciones. Ha perdido confianza, particularmente, en quienes las representan políticamente.
Y esa diferencia es enorme.
Porque una sociedad puede soportar un gobierno que se equivoca, pero difícilmente puede sostener durante mucho tiempo un gobierno al que ya no cree.
El termómetro está sobre la mesa
La ENCIG no mide intención de voto ni popularidad. Mide algo mucho más incómodo: la experiencia cotidiana del ciudadano frente al gobierno.
Mide lo que ocurre cuando alguien necesita agua, seguridad, calles transitables, atención médica o un trámite que no debería convertirse en una carrera de obstáculos.
Para los gobiernos estatales y municipales, incluido Durango, el mensaje debería ser imposible de pasar por alto.
La agenda ciudadana está escrita ahí, en porcentajes: mejorar la seguridad, garantizar servicios públicos eficientes, combatir la corrupción, reducir las trabas burocráticas y recuperar la confianza en las instituciones.
El problema es que los gobiernos suelen mirar con mayor atención las encuestas que les dicen cómo están políticamente que aquellas que les muestran cómo están gobernando.
Y quizá ahí está la gran paradoja.
Un gobierno puede tener buenos números en popularidad y, al mismo tiempo, malos números en servicios públicos. Puede tener una estrategia de comunicación impecable y una experiencia ciudadana deficiente. Puede presumir obras, programas y discursos, mientras una persona sigue esperando una patrulla, una consulta médica o que salga agua de la llave.
Por eso la ENCIG debería ser algo más que un informe estadístico.
Debería ser un espejo.
Y como sucede con todos los espejos, el problema no está en lo que refleja, sino en que alguien tenga el valor de mirarse.
Porque los porcentajes pueden archivarse, los informes pueden presentarse y los discursos pueden olvidarse.
Pero las exigencias de la ciudadanía permanecen.
Y cuando un gobierno decide no escucharlas, la siguiente encuesta solamente se encarga de recordárselo.
