Durante años la llamada Cuarta Transformación construyó buena parte de su discurso alrededor de tres palabras, austeridad, honestidad y transparencia. Andrés Manuel López Obrador convirtió la “justa medianía” y la “pobreza franciscana” en distintivos de su gobierno, mientras repetía que los servidores públicos debían entender que el poder solamente tenía sentido cuando se ponía al servicio de los demás; por eso resulta inevitable observar con lupa el caso de Octavio Romero Oropeza, actual director del Infonavit y anteriormente responsable de Pemex; no porque tener propiedades constituya por sí mismo una irregularidad, sino porque un funcionario identificado plenamente con la 4T primero permitió que su información patrimonial permaneciera confidencial y solamente después de la intervención de la presidenta, Claudia Sheinbaum, terminó haciéndola pública; y entonces aparecieron terrenos, departamentos, cuentas y bienes.
Sin transparencia.
Lo primero que debería preocupar no son siquiera las propiedades, sino la intención inicial de mantener lejos del escrutinio público información que cualquier funcionario de ese nivel tendría que estar dispuesto a transparentar. El Comité de Transparencia del Infonavit había avalado la confidencialidad de datos de la declaración de Romero Oropeza, hasta que Claudia Sheinbaum consideró que esa información debía conocerse. Resulta difícil conciliar semejante episodio con un movimiento político que durante años acusó a sus adversarios de ocultar patrimonios, privilegios e intereses; la transparencia sirve precisamente cuando incomoda, y publicar solamente aquello que conviene no es precisamente rendición de cuentas. 
Exigencia.
Una vez conocida la declaración, aparecieron cifras que inevitablemente generan cuestionamientos; el patrimonio reportado ronda los 47.5 millones de pesos entre inmuebles, bienes muebles y cuentas bancarias. Ahí aparecen una casa, varios predios rústicos y dos departamentos adquiridos el mismo día en 2018, uno de ellos pagado de contado y otro mediante crédito. También existen terrenos adquiridos décadas atrás que Romero asegura compró cuando desarrollaba actividades privadas. El funcionario tiene derecho a explicar y acreditar cada peso, como ha dicho que puede hacerlo; pero la sociedad también tiene derecho a preguntar cómo se construyó ese patrimonio; no basta responder que todo ocurrió hace muchos años. Cuando alguien administra Pemex y posteriormente el Infonavit, organismos que manejan enormes recursos públicos, la exigencia de claridad necesariamente tiene que ser mayor.
Contracción.
Aquí aparece la contradicción política; durante seis años escuchamos que habían terminado los lujos del poder, que los funcionarios debían vivir con austeridad y que nadie podía enriquecerse al amparo del gobierno. Octavio Romero pertenece al círculo político que defendió esa narrativa y fue uno de los hombres de mayor confianza de López Obrador, por eso un patrimonio de esta dimensión inevitablemente choca con la imagen de austeridad que la propia 4T convirtió en parámetro moral para juzgar a los demás; tener dinero no es delito; comprar terrenos tampoco; el problema surge cuando desde el poder se construye un discurso donde la riqueza ajena resulta sospechosa mientras la propia necesita explicaciones posteriores.
Decisión correcta.
Hay que reconocer que Claudia Sheinbaum tomó una decisión correcta al pedir que la declaración se hiciera pública; incluso políticamente resulta significativo que haya sido la Presidenta quien obligara a despejar una situación que comenzaba a generar sospechas innecesarias. Ahora corresponde a Octavio Romero explicar con absoluta precisión el origen de su patrimonio y documentar lo que asegura, que sus bienes provienen de décadas de trabajo, actividades privadas y operaciones perfectamente legales. Quizá pueda demostrarlo todo; pero el daño político ya existe porque la primera reacción fue reservar información, no transparentarla. La 4T prometió ser diferente y precisamente por eso sus funcionarios deben aceptar estándares mayores, no menores.
