“La transparencia es un reclamo republicano, esencial para el Estado de Derecho, la buena gobernanza y la rendición de cuentas”: Imelda San Miguel, senadora de la República.
El papel de los medios de comunicación en una democracia ha sido fundamental para su fortalecimiento, sobre todo aquellos cuya función ha destacado por realizar trabajos de investigación que revelan irregularidades y actos de corrupción de todos los niveles de gobierno y en diversas administraciones en nuestro país.
Una herramienta para la investigación de la prensa y de otros sectores ha sido el derecho de acceso a la información y la transparencia, que desde el año 2002 en el país había venido robusteciendo el marco normativo para garantizar el derecho plasmado en el artículo 6° de la Constitución. 
Sin embargo, como ya lo hemos señalado el gobierno de la Cuarta Transformación, a instancias del expresidente López Obrador, presentó una iniciativa para desaparecer los órganos garantes de transparencia y crear una instancia del mismo gobierno insertada en la Secretaría Anticorrupción y Buen gobierno, supuestamente para garantizar dicho derecho.
Con la inexistencia del INAI y sus similares en los estados, aún cuando el derecho haya quedado intacto en la Constitución, la realidad ya nos demostró que Transparencia para el Pueblo no ha cumplido con garantizar el acceso a la información, la transparencia y menos con la protección de los datos personales.
Las estadísticas son claras del 100 por ciento de los recursos de revisión que se hay interpuesto ante Transparencia para el Pueblo, un porcentaje arriba del 90% fueron desechados, lo cual refleja la actuación contraria de esa instancia para garantizar el derecho a la información.
La inoperancia de Transparencia para el Pueblo ha dado como resultado que las autoridades actúen en la total opacidad, utilizando el mecanismo de la “reserva” de la información para ocultar datos incluso, de las obligaciones de transparencia.
El caso más reciente, es la información revelada por el periódico El Universal el 16 de septiembre, que en un proceso de investigación detectaron que las declaraciones patrimoniales de varios funcionarios y personal en activo de la Marina habían sido reservados según fue publicado en el portal Declaranet a cargo de la propia Secretaría Anticorrupción,
En ese grupo de documentos reservados destacó la declaración patrimonial delexsecretario de Marina, almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, que ha sido señalado en la investigación de la red de robo de combustible y que según la Fiscalía General de la República, no la habían podido “localizar”.
Lo anterior generó un escándalo nacional y una presión social a través de medios de comunicación y redes sociales, al grado que la misma Transparencia para el Pueblo tuvo que dar reversa a esa decisión a petición de la Unidad de transparencia de la misma SEMAR ,que ellos habían avalado desde el 1 de enero del año 2025 cuando el comité de Transparencia de la SEMAR, clasificó la información.
Vino entonces la desclasificación de las declaraciones patrimoniales el viernes 18 de septiembre por la misma Transparencia para el Pueblo,ocasionado por revelación de una información a través de un medio de comunicación, si ello no hubiera ocurrido, por supuesto que la reserva de la información hubiera continuado.
Así las cosas.
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*Coordinadora de la Carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Derecho y Ciencias Política de la UJED
Twitter @lululopezsalas. Instagram @LourdesLópezSalas.
