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La FGR como operador político.

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Una de las grandes incógnitas de este Gobierno Federal, es saber si en algún momento se procederá contra el sexenio de Enrique Peña Nieto, al que tanto se criticó en campaña, pues pareciera que a través de su operador político, la Fiscalía General de la República, marca una agenda que dista mucho de lo que se pregonó desde que el presidente era candidato; hoy vemos una realidad distinta con el paso de los días, lo más reciente con la detención del ex procurador, Jesús Murillo Karam y con la salida del penal de Santa Martha Acatitla de la ex secretaria de desarrollo social en la administración pasada, Rosario Robles Berlanga, quienes han sido señalados por diversos cargos, y que bajo el argumento de prevenir que evadan la acción de la justicia se les imputa como una medida cautelar, la prisión preventiva. El común denominador es que en ambos casos ninguno de los dos ex funcionarios ha mostrado resistencia bajo el argumento del que “nada debe, nada teme”.

El asunto es que de no existir la contundencia en las pruebas de lo señalado, este tipo de acciones legales que atraviesan por el terreno de lo político, se podrían caer, pues en el caso de Robles Berlanga su salida de la cárcel obedece a que concluyó el plazo máximo para que pueda estar en prisión preventiva, pues no existe hasta este momento un juicio ya definitivo en su contra, por lo que ahora las medidas cautelares cambiaron y la propia Fiscalía habría tenido que aceptar esta solicitud de la ex funcionaria para llevar a cabo su proceso en libertad, bajo la condición de no salir del país y que tendrá que ir a firmar periódicamente.

Y todo esto podría revertirse más allá de lo legal, en lo político, pues si se llega a la culminación del proceso sin que se hayan presentado las pruebas suficientes en el caso de la “estafa maestra”, entonces en lo político sería un duro golpe a este gobierno federal, justo cuando se aproximan dos elecciones importantes para Morena, en el 2023 y en el 2024. Lo mismo podría ocurrir con Jesús Murillo Karam, quien ha sido señalado por los lamentables hechos ocurridos en Guerrero en contra de los 43 normalistas, basados en la llamada “verdad histórica”, pues el ex procurador igual sin oponer resistencia a su detención, también se le dictó prisión preventiva, pero de no darse los elementos que comprueben su culpabilidad, sería los mismo que con Rosario Robles.

Incluso el proceso que ha llevado el ex director de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, también habla del rol que la FGR sigue jugando, sí en lo que concierne a llamar a cuentas a quienes hayan dañado el patrimonio, pero también como una “pieza” en el rompecabezas político de nuestro país, luego de ser extraditado del extranjero, había sido el principal testigo de lo que ocurrió con el caso Odebrecht, y fue utilizado para que el presidente desde las “mañaneras” señalara nombres de políticos supuestamente involucrados, es decir, fue su principal “herramienta” discursiva por alrededor de dos años y que hoy las condiciones han cambiado.

Desde luego el Gobierno Federal sabe de la importancia que tiene, en lo político, mantener en la mira este tipo de personajes señalados por diversos actos, pues el proceso electoral del 2023, con la renovación del Estado de México y Coahuila, así como lo que se viene en el 2024, dependerá en gran medida de la percepción que se tenga de esta administración federal, serán el “as” bajo la manga cuando el momento apremie y lograr que el partido el presidente, mantenga este ritmo de triunfo en el país.

Pajareando.

Hoy el presidente Jorge Salum del Palacio, presenta su tercer informe de gobierno en las instalaciones del Zoológico Sahuatoba, un acto político donde deberá prevalecer el trabajo que hizo en su administración, sobre todo en la parte financiera, que le dio viabilidad al municipio de la capital.

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