Diría el clásico: se los dijimos, solo era cuestión de tiempo para que el tema del matrimonio igualitario fuera votado por la actual Legislatura. Ya en ocasiones anteriores se había subido al pleno para ser votado, y los votos fueron en contra. Pero esta vez, las diputadas y diputados, por el mandato de un juez federal, tuvieron que votarlo, independientemente del decreto administrativo del Poder Ejecutivo del Estado. Hará escaso mes y medio que por cuestiones técnicas se tuvo que regresar a las comisiones unidas de Justicia y de Derechos Humanos para emitir un nuevo dictamen.
En esos días, el diputado Ricardo Pacheco Rodríguez, con una amplia trayectoria legislativa, mandó un mensaje. Expresó en la tribuna:” vengo de una familia de abogados liberales en la que me formé, en su momento, yo como presidente de la Comisión de Justicia fijaré mi posición basado en la Constitución y los derechos humanos”. La noche histórica de la votación, Pacheco Rodríguez y Enrique Benítez fueron pieza clave para el voto del PRI en el Congreso. Sin ellos, hoy no estaríamos hablando de que el matrimonio igualitario no hubiese sido aprobado. Pero no es solo una victoria basada en el respeto a la Constitución y los derechos humanos, es también una derrota a la doble moral de algunas diputadas y diputados que como personas apoyaban el matrimonio igualitario, pero como diputados votaban en contra.
Sin duda, la actual legislatura pasará a la historia por haber aprobado el matrimonio igualitario, las que les antecedieron tuvieron su oportunidad, pero no se atrevieron. Al hacerlo, las diputadas y diputados sabían que si no se votaba a favor, en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiera declarado la invalidez del artículo 142 del Código Civil del Estado. En este contexto, no se puede evitar comentar el decreto que publicó el gobernador del Estado en el Diario Oficial. A este tipo de decretos se les conoce como administrativos. Sin duda, en este decreto se refleja la voluntad de Esteban Villegas Villarreal por el respeto al artículo 1º de la Constitución y a los derechos humanos. Por supuesto que él también pasa a la historia.
Pero este decreto administrativo, con todas sus bondades, no resolvía el problema de fondo del matrimonio igualitario. El único asunto era evitar que las personas del mismo sexo que quisieran casarse ya no tuvieran que recurrir al amparo. Este decreto, hay que decirlo, si no fue darle línea a las diputadas y diputados, sí resultó, al menos, un mensaje. Algunos opinan que por este decreto el gobernador pudo haber incurrido en invasión de facultades de un juez federal o del mismo Congreso del Estado. Pero esa es otra historia. Lo importante resulta es que la actual legislatura pasó a la historia para beneficiar a la comunidad LGBT al respetarle sus derechos constitucionales y humanos.
Es cierto que no todas y todos los representantes populares del grupo del PRI votaron a favor, y eso hay que decirlo. También en este voto histórico es que las diputadas y diputados que votaron a favor antepusieron sus creencias o moral religiosa para darse cuenta que no podían seguir violando la Constitución y derechos humanos de los grupos vulnerables. Somos testigos de un antes y un después de la doble moral que por mucho tiempo vivieron las pasadas legislaturas.
