De acuerdo a la información dada a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tan solo en el año 2021 Durango tuvo observaciones en sus procedimientos administrativos por el orden de los ocho mil 171 millones de pesos, obteniendo el nada honroso segundo lugar; de ahí se desprende un desglose, que involucra la cantidad de tres mil 900 millones de pesos, tan solo en servicios personales.
Y es que de acuerdo al desglose del trabajo de la ASF, este rubro de servicios personales llama la atención porque es el que mayor monto representa de lo observado durante el ejercicio 2021 en nuestra entidad, correspondiendo a la administración de José Rosas Aispuro Torres, le siguen dos mil 800 millones de deuda pública, 400 millones en cuanto a adquisiciones y 31 millones catalogado como daño al erario público, algo que sin duda deberá tener consecuencias respecto al destino de ese recurso, tal cual lo afirmó el gobernador, Esteban Villegas.
Pero para dimensionar un poco la magnitud de lo que representa el rubro de servicios personales en cuanto al monto señalado, de los tres mil 900 millones de pesos, esa cifra equivale por lo menos al presupuesto del año 2023 para cuatro municipios del estado, pues de acuerdo a la información publicada por el Congreso del Estado, en relación a las Leyes de Ingresos del presente año, la capital estará recibiendo un monto de tres mil 400 millones de pesos, el municipio de Guadalupe Victoria 140 millones; Cuencamé 139 millones y Canatlán 133 millones, lo que sumado apenas rebasa los tres mil 800 millones.
Es decir, ¿en qué se utilizaba ese recurso en el 2021?, esa es la gran interrogante que muchos duranguenses nos hacemos, pues si bien los servicios personales están contemplados en el Presupuesto de Egresos de todos los gobiernos, aquí llama la atención que bien podría reducirse mucho de este recurso, máxime cuando hacemos memoria de la falta de liquidez de la que se hablaba en la narrativa de la pasada administración, porque hoy nos damos cuenta de que este rubro tan solo es uno de muchos que fueran convirtiendo poco a poco este desfalco financiero.
Ahora bien, los 31 millones de pesos que representan un claro daño al erario público, también es de llamar la atención, pues cabe recordar que si bien la ASF muestra claras observaciones, muchas de ellas pueden ser solventadas, el asunto es que de no existir documentos que amparen estas observaciones, es claro que muchas decisiones pudieron haber sido tomadas con dolo, precisamente para afectar las finanzas estatales, porque incluso el 2021 fue, administrativamente hablando, el último año completo que tendría el gobierno anterior, pues en el 2022 sería el cambio del Ejecutivo.
Cabe recordar que se habla de un solo año de la pasada administración, correspondiente al 2021, por lo que faltaría conocer las observaciones que la ASF también hará en lo que corresponde al ejercicio fiscal 2022, cuando la administración de Aispuro Torres estaba por terminar.
En el terreno de lo político, esto también deberá prender las “alarmas” en Acción Nacional, pues si el dirigente nacional de este instituto político habló del “legado histórico” de la pasada administración, creo que este tipo de información deberá llegar a su escritorio, sobre todo pensando en que al momento de las definiciones en cuanto a los espacios para el Senado en el 2024, este sea un elemento determinante para analizar la conveniencia de apoyar al exgobernador.
Pajareando.
El Presidente López Obrador se lanzó contra la iglesia católica, incluso afirmó que pertenecen al “bloque conservador”, luego de la crítica que hicieran a su gobierno; algo que sin duda traerá inconformidad de muchos de sus seguidores que profesan esta religión, y podría traducirse en las urnas.
