Durango es la segunda entidad más observada con 8 mil 171 millones de pesos, de acuerdo al segundo Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2021, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, recursos que fueron desviados con fines personales, sin embargo, habrá que esperar las sanciones por los resultados que muestre la fiscalización de la Cuenta Pública del 2022, en donde se consagró el robo al erario público de la entidad.
Por la falta de esos recursos, se dejaron de hacer obras y realizar pagos, entre ellos a los maestros y a los municipios, que hasta ahora no se han solucionado, sino que han provocado que continúe el adeudo a proveedores, como en Durango, que asciende a más de 300 millones de pesos tan sólo en la actual administración municipal, o la falta de pago a empresas financieras y el descuento a los trabajadores, como ya ha surgido en otras áreas como la Secretaría de Salud, además de empresas quebradas y falta de empleo.
Más de la mitad del monto observado para la entidad corresponde a Participaciones Federales, con 4 mil 425 millones de pesos, se incumplió la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por 2 mil 895 millones de pesos que corresponden a deuda pública vía créditos y en materia de servicios personales, referente a nómina; Durango tiene por aclarar 3 mil 909 millones, lo que representa el 94.7 por ciento del total observado a nivel nacional en este rubro.
Cabe destacar que en el caso de la UJED fueron observados en 2021, 119 millones 833 mil pesos, institución en la que aún se ostenta como Catedrático de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho 4l exgobernador José Rosas Aispuro Torres.
No se trata de tintes políticos, las alianzas con alfileres no funcionan y más que fines electorales se conformaron bandas de delincuentes que ahora buscan protegerse para seguir con alianzas el próximo año, por lo que hay que mandarle la información al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, para que se dé cuenta de la situación que se vive en Durango a consecuencia de los gobiernos albiazules.
Por eso, se esperan más inhabilitaciones y detenciones, no sólo de quienes desviaron y desaparecieron los recursos, sino quienes tenían a su cargo la supervisión y vigilancia, como en la EASE, donde su titular Lourdes Mora, quien fuera subsecretaria de Egresos y luego Directora Administrativa de Salud y del Poder Judicial, es ahora la encargada de acomodar y alinear las cifras de manejos rateros en lugar de vigilar la aplicación de los recursos.
Como ejemplo de la bonanza de esos recursos, se multiplicaron y se fortalecieron los negocios inmobiliarios en los últimos años, con la participación de exfuncionarios y prestanombres.
El Gobierno del Estado tiene 30 días para atender las observaciones emitidas por la ASF y entregar la documentación requerida, por lo que ahora si se detecta la comisión de actos de corrupción por parte de caso de algún funcionario de la actual administración, serán despedidos de manera inmediata, como lo aseveró el gobernador Esteban Villegas Villarreal, “si alguien hizo mal uso del recurso público, tendrá que pagar las consecuencias”.
