Al cierre de la semana pasada se dio a conocer un comunicado, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el cual se informa que se admitió la demanda del Instituto Nacional Electoral (INE), respecto al llamado “Plan B” del Presidente, que modifica leyes secundarias en el país en materia electoral, lo que podría generar la aplicación ahora de un “Plan C”, sobre todo para buscar controlar al “árbitro electoral”.
La admisión de dicha demanda corrió a cargo del Ministro, Javier Laynez Potisek, por lo que hasta este momento se mantiene el estado de cosas como se encontraban previo a la aprobación de estas reformas por parte del Congreso de la Unión. Algo que marcará la agenda política y mediática esta semana, pues seguramente desde Palacio Nacional, además de las desacreditaciones al trabajo de la SCJN, legalmente deberán presentar alguna respuesta en el plazo que les marca la ley, por lo que esto podría ser un importante “revés” a López Obrador, de no tener un plan alternativo al respecto.
Esto demuestra una vez más, la importancia que tiene para México que exista esa real división de Poderes en el ejercicio de sus funciones, y no solo en el discurso, porque seguramente habrá quienes hablen de que esto puede ser una “revancha” política de los Ministros, luego de las descalificaciones que desde Palacio Nacional se han hecho de la Ministra Presidenta de la SCJN, pero me parece que obedece más a generar certeza política y democrática, basados en los ordenamientos legales que como nación nos ha costado mucho construir a lo largo de nuestra historia, como la creación de organismos, como el INE, que le dan viabilidad a las decisiones que los ciudadanos tomamos al emitir nuestro voto.
Según lo manifestado por algunos personajes políticos, la probabilidad de que exista un “Plan C” es real, y estaría más encaminado en “desmoronar” al INE y tomar el control del mismo, pues un primer aviso de ello, y de lo que podría pasar al suspender el “Plan B”, fue la reincorporación del Secretario Ejecutivo del organismo, digamos, el primer “round” perdido desde el Gobierno de López Obrador, y si bien esto aún no está definido, la admisión de la demanda, podría ser un segundo “round” sin que haya respuesta del área jurídica, al menos algo que se haya hecho público para revertir tanto la decisión de un juez, en el caso del funcionario del instituto, como ahora del Ministro de la Corte.
Ahora bien, no podría faltar quien se quiera colgar la “medallita” de lo que ha ocurrido en la Corte, incluso quienes hablan de que esto ocurre gracias a las marchas que se han registrado, eso es tan solo un sentir social en contra de las decisiones, pero en el terreno de la legalidad el “Plan B” atenta contra los derechos político-electorales de los ciudadanos, es un tema de respeto a nuestras normas, de lo fortalecido que están las instituciones para evitar que cada que llegue un nuevo Presidente busque cambiar a su modo la ley. Y es aquí donde toma también relevancia el hecho de que en esta Legislatura, de la Cámara Baja, no exista un dominio total de un solo partido o alianza, y por ahora solo evitar la mayoría calificada, como ocurrió en la anterior, pues siempre los equilibrios deben ser buenos.
Creo que ni a Morena le convendría acabar con las instituciones, pues éstas le han dado credibilidad y validez a los procesos donde ha participado y ganado, como en la mayoría de los gobiernos estatales, entonces no se entendería por qué acabar con algo que beneficia a todos, y sobre todo, instituciones que generan estabilidad y paz social. AMLO tiene la última palabra, se activa el “Plan C” o reconoce la importancia de la separación de poderes, y que por el contrario, también podrá pasar a la historia como un verdadero demócrata, no solo de palabras, sino también de acciones.
