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Vivimos en elecciones constantes.

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Uno de los retos que la clase política tiene a mediano plazo, es la revisión de la conveniencia de la cantidad de elecciones que se realizan todos los años en el país, es decir, si bien los procesos electorales son la acción para elegir a nuestros representantes, me parece que bien podría haber ajustes, principalmente para evitarles a los ciudadanos el hastío electoral, lo que provoca la falta de interés en la participación en las urnas. En el caso de nuestra entidad, de cada seis años, en cuatro hay contienda, y así ocurrirá el próximo año con la renovación de las presidencias municipales.

La concurrencia electoral ha sido “el tema” entre los partidos políticos, pues en parte el objetivo de no empatar las elecciones federales y estatales es para evitar que haya un solo partido y que se puedan generar los equilibrios, pero aun así, la lección del pasado domingo dejó de manifiesto que cuando la sociedad está cansada de un proyecto, decide respaldar el que más le conviene, en este caso con Morena. Entonces quizá no haya necesidad de vivir en una elección constante, si todos los cargos en México se renuevan cada tres y seis años, como se hace a nivel federal, creo que los electores tendríamos más interés en acudir a las urnas.

Otra de las consecuencias de que los procesos electorales en la mayor parte del territorio nacional no sean concurrentes, es que se propicia el “chapulineo” de los políticos, pues al estar desempeñando una función que el pueblo les confiere, y ante la cercanía de un nuevo proceso, vuelven a participar. Esto podría restringirse mediante la legislación en materia electoral, por un lado, y empatando los procesos electorales por el otro; ello implicaría forzosamente que todos concluyan con sus periodos para los cuales fueron electos.

Menos dinero.
La “inversión” que se hace para organizar un proceso electoral es elevada, pues tan solo en las elecciones del domingo cada voto costó alrededor de 220 pesos, si esto lo multiplicamos en todas las que hay cada año en el territorio nacional, pues estamos hablando de cantidades importantes de dinero, que no salen de los bolsillos de los consejeros electorales, ni del Gobierno Federal, sino de nuestros impuestos. Es decir, a menos elecciones, menor cantidad de recurso para los partidos y candidatos, y aquí evidentemente se deberá estar considerando que los institutos electorales locales y el nacional, reciban menos recurso cuando no haya que organizar una contienda.

O de plano, implementar otros sistemas de financiamiento político como ocurre en otros países como en Estados Unidos, donde los simpatizantes son quienes les aportan a las campañas de los aspirantes; aquí puede estar pasando sin duda, pero ni están reguladas y mecho menos se conoce su procedencia. Si la intención es mantener procesos electorales constantes, entonces que no sea del erario, al que alimentos todos quienes pagamos impuestos.

Durango.
En nuestra entidad tenemos procesos electorales dos años seguidos por uno donde no. Y es que la ley así lo establece, por lo que a finales del 2024 iniciará formalmente la renovación de los municipios en Durango. Acabamos de pasar uno y ya estamos a poco tiempo de que las “aguas” comiencen a moverse al interior de los partidos políticos para elegir quienes los habrán de representar en la contienda 2025.

En este escenario no se puede descartar que hay quienes busquen la reelección, como el caso del alcalde de la capital, Toño Ochoa, máxime si logra posicionar que en equipo con el gobierno del estado se han hecho cosas importantes para el municipio, entre ellas la atracción de inversiones; o en el terreno de lo político lo que se ha logrado con el triunfo de la coalición FCD en los distritos locales y el federal que le corresponde. Sin duda son argumentos electoralmente explotables.

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