En los últimos días se dio a conocer que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), la paraestatal encargada de la compra y distribución de medicamentos e insumos para la salud en nuestro país, habría comprado insumos a un sobre costo, y si no fuera por la cancelación en los contratos para 175 claves, el costo al erario estaría rondando los 13 mil millones de pesos, algo similar a lo que conoció en el sexenio pasado con Segalmex, y que hasta la fecha no hay una resolución de fondo, pues el ex presidente solo de dedicó a defender al titular de esta dependencia encargada de la seguridad alimentaria en nuestro país, diciendo que es una “persona honesta”
Este caso de Segalmex, lo de Birmex, la casa blanca de Peña Nieto y tantos otros actos de corrupción de los últimos sexenios, no los hubiéramos conocido de no haber instituciones como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), misma que hace unos días fue literalmente “enterrado” por el oficialismo representado con la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, todo porque hubo una molestia desde la pasada administración con transparentar el recurso, a pesar de que siempre fue una “bandera” política de López Obrador, mientras le convino, claro, y que hoy se trasladó al gobierno de Claudia Sheinbaum, comprando “pleitos” que no le corresponden.
Control.
Siempre se luchó, en la era moderna de nuestro país, por “quitarle” el control de la información al gobierno respecto al destino de los recursos públicos, y hoy pareciera que regresamos en el tiempo, pues de nueva cuenta la administración federal, a través de la secretaría anticorrupción será la encargada de recibir las solicitudes de información de los ciudadanos, pero sin ser de manera anónima, como venía siendo en los últimos años mediante el INAI. Hoy la Federación será “juez y parte”, pues de entrada definirá a quién sí le brindará información y a quien no, es decir, el mayor porcentaje de solicitudes estoy seguro que se habrán de “archivar”, máxime cuando se pretenda evidenciar el trabajo de la administración federal.
Reservar.
En la administración de López Obrador fue constante el hecho de reservar información de las principales obras que se promovieron durante ese gobierno, como el caso de la refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y los mismo ocurrirá de no generar una buen política pública que se base en la transparencia. Lo de Segalmex fue la “gota que derramó el vaso” con el ex presidente, de ahí su enojo con el INAI, y basó su defensa para desaparecer a esta institución en los supuestos sueldos elevados de los comisionados, así como los malos manejos financieros, y de ahí la narrativa política y sobre todo, social, permitieron que en buena parte de la sociedad se desacreditara a este organismo responsable de la transparencia, y que estos días se concretó con el voto a favor del morenismo, en muchos casos sin si quiera haber leído la iniciativa.
Desempleados.
Algo se tendrá que hacer para no dejar abandonados a los trabajadores del INAI, pues ese “coraje” de López Obrador hacia la institución, a pesar de haber ganado esa “batalla” tan solo por su capricho, está generando un verdadero problema laboral a quienes desempeñaban ahí una función, que estarán sin recibir un salario, siendo las víctimas directas de lo que en el terreno político se decidió. Y hasta hoy no se ve un compromiso claro para reubicar a los trabajadores de esta dependencia autónoma, y por cierto, dejará de serlo.
Estados.
Los congresos estatales tendrán 90 días para homologar las leyes estatales con la federal en esta materia, donde tendrán que desaparecer los órganos de transparencia en las entidades. En el caso de Durango la responsabilidad recaerá en la secretaría de la contraloría.
