Estos últimos días ha tomado fuerza el hecho de la familiaridad que existe entre funcionarios electorales con aspirantes a un cargo de elección popular, en el caso específico de lo que ocurre en el municipio de Otáez, donde las candidata de “Unidad y Grandeza”, Rocío Mendoza, es hermana del consejero presidente en el consejo municipal, Manuel Salvador Mendoza. Algo que de entrada pudiera configurarse como un conflicto de intereses; el asunto es que ha sido el propio presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Roberto Herrera quien ha dejado claro que desde el año pasado se nombró a prácticamente la totalidad de las consejerías municipales, y cabe recordar que fue ya este año que se designaron las candidaturas, es decir, primero fueron los funcionarios electorales.
En ocasiones es muy complejo lograr separar las actividades y la trayectoria de los familiares más cercanos, llámese hermanos o de padres e hijos o a la inversa, pues podría suceder que en algún punto dos o más carreras podrían coincidir, el verdadero problema es cuando se trate de influir para beneficiar a su familiar, es decir, si el presidente electoral en Otáez realiza cualquier práctica que beneficie a su hermana, me parece que sí deberá caer una sanción ejemplar en ese actuar; caso contrario, de no haber ninguna señal de que exista un respaldo en el ejercicio de la función, más allá de lo afectivo, entonces no tendría por qué haber ningún problema, incluso quien es el “árbitro” de la contienda, por ética, debería cuidar muy bien lo que hace.
Canelas.
En el caso del municipio de Canelas, según se dio a conocer por parte del diputado Héctor Herrera, hubo una situación similar, pero ahí quien formaba parte del consejo municipal dejó el encargo precisamente para que no hubiera ningún señalamiento al respecto. No podemos negar que ha sido una decisión responsable, pero creo que nadie puede ser limitado en su actuar hasta que haya una evidencia contundente de que se usa el encargo para ayudarle a ganar a su familiar, por lo que en este caso el IEPC debe garantizar que se priorice la transparencia y que de ser el caso, los ciudadanos decidan a través de su voto que no sea presidente o presidenta municipal el familiar del consejero electoral, se haga de la manera correcta al reconocer al triunfador, así debe operar la civilidad política y electoral.
Consejero.
Un ejemplo claro de que se puede dividir la función electoral con la familiaridad de los candidatos, es precisamente lo que ocurre con el consejero presidente del IEPC, Roberto Herrera, quien hasta él mismo lo ha reconocido, tiene una familiaridad con el candidato de Morena en la capital, José Ramón Enríquez Herrera, ambos originarios de la comunidad de Arnulfo R. Gómez, en el municipio de Canatlán; pero no por eso se le ha visto al funcionario electoral respaldando al oftalmólogo ni a ningún otro aspirante. Me parece que parte de la confianza que los órganos electorales deben mostrar es justo eso, sea quien sea el o la que compita por un cargo, aquí quienes mandan son los ciudadanos con su voto, porque además recordemos que todo está siendo vigilado por la representaciones partidistas en los 39 municipios, vaya, es muy complicado querer beneficiar a alguien.
Cambios.
Ahora bien, se ha anunciado incluso que a estas alturas de la elección sí será posible cambiar a algún consejero de cualquier municipio de comprobarse que ha cometido alguna irregularidad, la permanencia de estos funcionarios no está asegurada del todo, pues los cambios pudieran darse en cualquier momento, esto le vendría a abonar a la credibilidad del proceso, pues no se deberá solapar ninguna situación que ponga en riesgo la elección en ningún municipio.
Siempre es una “mezcla” muy arriesgada la combinación de la familiaridad con la política, pero creo que también se debe confiar en la trayectoria de cada persona, pues quienes están en estos casos tienen la oportunidad de mostrar su profesionalismo, si no, adiós. Así de simple.
