El próximo 25 de julio se cumple un año desde que una avioneta aterrizó en el aeródromo de Santa Teresa, una pequeña zona ubicada en El Paso, Texas. A bordo viajaban Joaquín Guzmán López —hijo del sentenciado narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán— y, presuntamente, Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.
A partir de ese día, nada volvió a ser igual en Sinaloa, particularmente en Culiacán. Mientras el gobernador del estado enfrentaba aún las secuelas del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, la supuesta entrega de “El Mayo” sacudió al corazón del estado como un hecho tan inverosímil que muchos lo compararon con un episodio más de una serie de ficción.
Uno de los integrantes del grupo conocido como “Los Menores” habría acompañado a su padrino en el viaje, en lo que se presume fue un acuerdo con autoridades estadounidenses, posiblemente a cambio de favores o beneficios para la facción de los Guzmán.
A casi un año de aquel suceso, poco se sabe con certeza. No hay información oficial sobre los términos de esa posible entrega, ni sobre los pactos o promesas que se habrían negociado entre las facciones del cártel. Sin embargo, lo que sí es claro son las consecuencias que se han vivido desde entonces.
De acuerdo con datos oficiales, el mes de mayo de 2025 cerró con un acumulado de 2,059 homicidios dolosos registrados desde septiembre de 2024, mes en que se intensificaron las hostilidades entre dos alas del mismo cártel: los llamados “Mayos” y “Chapitos”. Así comenzó una nueva etapa del conflicto interno por el control del Cártel de Sinaloa.
Las secuelas de esta guerra se reflejan en las estadísticas que publica la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Prácticamente todos los delitos de alto impacto presentan un incremento: desde el robo de vehículos y lesiones dolosas, hasta homicidios y desapariciones.
Pese al conflicto, los centros turísticos del estado han retomado sus actividades con aparente normalidad. Los negocios abren sus puertas diariamente, aunque bajo un ambiente de constante incertidumbre. La sociedad, mientras tanto, no termina de comprender cómo es que ni el Gobierno Federal ni el Estatal han sido capaces de frenar la violencia ni de explicar a fondo qué ocurre.
Lo cierto es que, en el terreno, la paz no parece depender de las autoridades, sino del resultado de esta lucha interna. La violencia solo cesará cuando una de las facciones logre imponerse sobre la otra, o bien, si logran alcanzar un acuerdo que divida al Cártel de Sinaloa en grupos separados.
Mientras tanto, la guerra continúa. Y el escueto silencio oficial se mantiene, a casi un año de su inicio.
