Leyes de Seguridad e Inteligencia crean una infraestructura tecnológica autoritaria que amenaza los derechos humanos: Red de Defensa de los derechos digitales en México
Nuestro país esta entrando a un proceso peligroso de regresión al vulnerarse la privacidad, con el argumento de tener una legislación para combatir la violencia y la inseguridad.
A partir del mes de febrero del presente año cuando la presidencia de la República presentó las iniciativas para la creación de “Ley General del Sistema de Seguridad Pública” y la “Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública”, diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de derechos digitales alertaron sobre las implicaciones de su aplicación sobre todo en la violación de los derechos humanos y la privacidad.
Ambas legislaciones ya fueron aprobadas el fin de semana pasado en la cámara de diputados y fueron enviadas para su aprobación a la de senadores y seguramente que Morena y sus aliados habrán de respaldarlas esta semana.
En el análisis de las iniciativas realizado por la Red de Defensa de los Derechos Digitales en México, se propone nuevamente la creación de un registro de todas las personas usuarias de telefonía móvil, asociado a una identificación oficial, la CURP o el RFC en caso de personas morales.
Ese registro de telefonía celular se pretende integrar a una plataforma que representaría una nueva versión del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), creado en 2008 y eliminado en 2011, después de que su base de datos fue vulnerada y puesta a la venta en el mercado negro.
Lejos de incidir en la reducción del crimen, durante la operación del RENAUT, el delito de extorsión aumentó 40 por ciento y el de secuestro, 8 por ciento, según lo señala la Red de Defensa de los Derechos Digitales en nuestro país.
Incluso es necesario recordar que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador ese tuvo un nuevo intento de crear al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), el cual fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022.
Ha sido la misma Suprema Corte de Justicia que ha reconocido que no existe evidencia de que el registro obligatorio de líneas telefónicas reduzca la actividad criminal, por el contrario, resulta inverosímil entender que la delincuencia utilice teléfonos registrados a su nombre para llevar a cabo actos delictivos.
La preocupación de la aprobación del registro de telefonía móvil reside a la entrega automática de datos personales que constituye una violación al principio de consentimiento establecido también por la misma SCJN vulnerando el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, reconocido en la Constitución.
Aunado a lo anterior en la Ley de Investigación faculta a la Secretaría de Seguridad sin la necesidad de ninguna orden judicial tener acceso a cualquier base de datos donde existe información y registros de cualquier mexicano en este país, incluidos los datos biométricos, vehiculares, telefónicos, fiscales, comerciales, financieros de salud, entre otros.
Todo lo anterior con el simple hecho de “sospechar” actos ilícitos lo que equivale en los hechos a instaurar un sistema permanente de vigilancia masiva sobre la población.
*Catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Twitter @lululopezsalas. Instagram @LourdesLópezSalas.
